Todo apunta a que Aragón se verá obligada a suspender las oposiciones para profesorado de Secundaria y FP que estaban programadas para este año. La medida, que se trasladará hoy a los cuatro sindicatos que componen la comisión de seguimiento del proceso, se adoptará después de que, ayer, el ministerio trasladara a las comunidades autónomas que no es posible convocar oposiciones a los cuerpos docentes sin Presupuestos Generales del Estado. De hecho, advirtió a las autonomías de que impugnará los procesos que se convoquen.
El Gobierno de Aragón requirió hace un mes por escrito al Ministerio de Educación que aclarara si era posible convocar oposiciones. Ante la falta de respuesta, el secretario general técnico del Departamento de Educación, Felipe Faci, preguntó ayer de nuevo en el seno de la comisión general en la que participaron representantes del Ministerio de Educación y de las comunidades autónomas. «En este encuentro, el equipo del ministro Íñigo Méndez de Vigo ha comunicado que el Ministerio de Hacienda le ha trasladado la imposibilidad de convocar oposiciones», indicaron ayer fuentes del Departamento de Educación.
La decisión del Ejecutivo central provocó el «malestar» de la DGA, que cargó contra la «falta de sensibilidad» del ministerio «con un tema tan preocupante como la inestabilidad en los centros educativos públicos». Además, Educación considera que esta medida «perjudica a los docentes y al sistema porque impide reducir las tasas de interinidad». «Va también en contra del compromiso que el Gobierno central adquirió en la última conferencia de presidentes de no limitar la tasa de reposición y que las comunidades autónomas puedan convocar todas las vacantes necesarias».
Ayer, la consejera Mayte Pérez admitió que la imposibilidad de convocar oposiciones «no ayuda a conseguir un pacto por la educación». En este sentido, lamentó «otro lío con el ministerio que nos ha dejado helados, además de suponer un mazazo», subrayó la titular del departamento, que cargó contra la actitud «prepotente» del Gobierno de España.
El Gobierno de Aragón y los sindicatos CSIF, CCOO, UGT y CGT aprobaron en enero convocar este año 158 plazas de diez especialidades que previamente se habían preacordado en diciembre dentro del acuerdo marco para la oferta de empleo público en Educación hasta el 2019. Sin embargo, la mitad de estos sindicatos había solicitado ya a la DGA la suspensión y aplazamiento al 2018 del proceso que estaba programado para este año, por temor al denominado efecto llamada -llegada a Aragón de numerosos aspirantes procedentes de otras comunidades donde no se celebran oposiciones-.
Solo Aragón y Extremadura habían anunciado su intención de celebrar en el 2017 exámenes para aspirar a una plaza pública de profesorado, lo que provocó la preocupación de numerosos colectivos de interinos.
