Cándido Conde Pumpido, el fiscal general del Estado, firmó a final de esta semana un decreto por el que suspende provisionalmente como fiscal sustituto al zaragozano R. G. M., encarcelado hace once días como imputado por abuso sexual. Es la primera persona que ejerce como fiscal --aunque no forma parte de la carrera sino que accedió al puesto desde las listas de suplentes-- que ingresa en prisión en Aragón. Se halla en la cárcel de Logroño, que dispone de un módulo especial para reclusos procedentes del sistema judicial o los cuerpos policiales.

La investigación, desarrollada desde mediados de diciembre por el Servicio de Atención a la Mujer (SAM) del Cuerpo Nacional de Policía y coordinada por la magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de la capital aragonesa, señala que obtuvo los favores sexuales de una niña de catorce años. La Policía mantiene abiertas las pesquisas para determinar si pudo efectuar algún tipo de pago a la muchacha --ya sea en dinero o como regalo-- o protagonizar más episodios de ese corte. Otra línea de trabajo trata de esclarecer si hay más personas implicadas en hechos de este tipo. La causa sigue declarada secreta.

R. G. M. es un prestigioso graduado social y una de las primeras personas que, con esa titulación, ocuparon una plaza de profesor en la Escuela Universitaria de Estudios Sociales, aunque finalmente salió de ella por carecer de la licenciatura en Derecho, incluida como requisito para dar clases. Entabló un pleito contra esa decisión en el que el Tribunal Supremo terminó dando la razón al centro de enseñanza. No era su primer litigio. Y tampoco sería el último.

Uno de los últimos lo entabló contra el Ministerio de Justicia, que lo declaró "inidóneo" para integrar las listas de sustitutos del año judicial 2006-2007 tras proponerlo la Fiscalía General del Estado. En marzo del año pasado, la Audiencia Nacional anulaba la resolución y obligaba a repetir parte del expediente por un error en el procedimiento. El informe de "inidoneidad" fue consecuencia de un expediente disciplinario que le fue abierto tras denunciar dos menores que les había solicitado "favores de índole sexual", si bien terminó archivado "por falta de tipicidad". El legajo incluía un informe del presidente de la Audiencia de Teruel, cuya secretaría ocupó también como sustituto, que señaló que su labor --según recoge la Audiencia Nacional-- fue "bastante deficiente" y que durante la misma hizo "manifestación pública de comentarios de tinte machista y racista que produjeron malestar en el personal".

R. G. M., que accedió a las listas de sustitutos por su excelente currículum --básicamente por méritos académicos y publicaciones--, ha litigado con otras entidades.

Lo hizo con el Consejo General de Procuradores, al que acusó en 1998 de aplicar aranceles ilegales. El Tribunal de Defensa de la Competencia desestimó dos años más tarde la demanda, aunque con el voto particular de tres de los nueve magistrados, que estimaron que tenía razón.

R. G. M. también ha pasado por el banquillo. La Audiencia de Zaragoza lo condenó en los años 80 por un delito de falsedad al considerarlo el autor de una treintena de denuncias por presuntas infracciones laborales contra empresas y profesionales de la ciudad que aparecían firmadas por otras personas. El Supremo casó la condena en una sentencia en la que establecía una nueva doctrina jurídica. El diario El País hizo noticia de esa resolución al considerarla informativamente relevante. R. G. M. vio mancillado su honor e inició un pleito que el Constitucional zanjó señalando que en este caso prevalecía el derecho a la información y que el diario difundió datos veraces.