Desde que en el 2006 se intensificó la polémica política en torno a los bienes de arte sacro de las parroquias altoraragonesas depositadas en Lérida, muchas han sido las ocasiones en las que desde Aragón se ha invocado la intercesión del Ministerio de Cultura y otras carteras del Gobierno central, como Exteriores o Justicia. Los ministros que ha habido desde entonces han sido conocedores de la polémica, y todos ellos han escurrido el bulto con buenas palabras e intenciones. Pero el resultado ha sido el mismo, la evasión de un tema que incomoda y que enfrentaría al Gobierno de Madrid con Cataluña, por un tema que, desde el Gobierno central, se considera menor. De este modo, los ministros del ramo se han comportado como auténticos Poncio Pilatos, para malestar e incomodidad de los partidos aragoneses.
Falta por ver cuál será la decisión definitiva que adopte el actual inquilino en el ministerio, Iñigo Méndez de Vigo, con otro litigio sobre patrimonio, en este caso el de Villanueva de Sijena. La situación es bien distinta a la de las 113 piezas de las parroquias. Y ahora mismo hay órdenes judiciales muy precisas para que se devuelvan al monasterio todas sus joyas. Tímidamente, ha dado la razón e indica que hay que proceder. Pero las piezas y la sala capitular, mientras tanto, siguen en Cataluña.
Problema de obispos
En enero del 2007, una mesa de alcaldes afectados redactó El Manifiesto de Roda, en el que pedían al Vaticano y al Gobierno central que ejecutaran la vuelta de los bienes. Todo ello sucedía en plena polémica por las devoluciones de los Papeles de Salamanca, incautados durante la guerra civil, y que Zapatero mediante una ley devolvió a Cataluña. La ministra Carmen Calvo, preguntada por ambos pleitos, indicaba que no eran iguales, ya que mientras un litigio era únicamente eclesiástico, el otro se regía mediante una ley civil y un archivo propiedad del Estado. En cuanto a los bienes de la Franja, daba la razón a la posición aragonesa, pero indicaba que le resultaba «poco comprensible» que dos obispos le «trasladaran su problema». En su defensa, señalaba: «Al Estado español lo único que le queda es respetar al Estado vaticano y solicitarle que ejecute la sentencia. Y pedirle a los dos obispos que no den problema a los políticos y acaten sus sentencias». Remataba señalando «claro que doy la razón a Aragón, lo he dicho en todos los foros, pero en los bienes de dos diócesis yo no puedo decidir», indicaba Carmen Calvo sobre el litigio de las 113 piezas. Más clara había sido en noviembre de 2005 en el Senado, a una pregunta del popular Rodolfo Aínsa: «El Gobierno no tiene competencias sobre los bienes de la Franja».
Intercesión al Vaticano
En el 2006 habían insistido en su falta de competencias otros ministros, como Miguel Ángel Moratinos, de Exteriores; o el de Justicia, Juan Fernando López Aguilar. Todos restringían a un pleito eclesiástico el debate de los bienes. Moratinos, interlocutor con el Vaticano, nunca planteó este asunto en los distintos despachos que mantuvo con el nuncio y con el Papa. Solo en el 2009, con nuevas resoluciones vaticanas, el ministerio admitió que estas tenían validez legal en España. Luisa Fernanda Rudi, Gustavo Alcalde y Santiago Lanzuela, destacados dirigentes populares, reclamaron con insistencia la actuación de las autoridades centrales, gobernadas entonces por el PSOE.
Tan solo en agosto del 2011, durante un almuerzo con el secretario de Estado vaticano Tarsicio Bertone, la ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, y el de Presidencia, Ramón Jáuregui, le pidieron que el Vaticano «mediara» entre las dos diócesis. Una petición realizada más que por iniciativa propia, por la presión efectuada desde Aragón.
Desde entonces, no ha cambiado mucho el panorama. Durante el Gobierno de Luisa Fernanda Rudi, la polémica política por los bienes se adormeció, y más allá de anuncios de que el litigio por las 113 obras de arte se resolvería pronto, no hubo más movimientos. Ni Mariano Rajoy, ni José Ignacio Wert, ni José Manuel García-Margallo movieron un solo dedo en torno a este conflicto. En septiembre del 2015, en una de sus primeras intervenciones como presidente aragonés, Javier Lambán anunció que trataría de implicar a Exteriores para resolver el pleito «para que se cumpla el concordato». También se comprometió a explorar la vía vaticana --con petición de entrevista al Papa Francisco incluida-- y la del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Pero estos, como todos los protagonistas ajenos a Aragón, han optado por mirar hacia otro lado y circunscribir este litigio a un problema menor y no sacarlo del ámbito regional.
