El Gobierno de Aragón ha tardado casi dos años en abonar a un minusválido de Calatayud, Miguel B., el importe de una silla de ruedas eléctrica que él compró en septiembre del 2012 con sus propios fondos ante la tardanza de la Administración autonómica. El hecho dio lugar a una queja que el letrado del afectado, el abogado bilbilitano Víctor Ruiz de Diego, llevó ante las Cortes y el Justicia de Aragón. Y ahora ha sido el propio Servicio Provincial de Sanidad, Bienestar Social y Familia el que ha acordado aceptar la solicitud de reembolso efectuada por Miguel B., que percibirá el importe.

La resolución se basa en el real decreto 1506 del 2012, que regular la cartera común suplementaria de prestación ortoprotésica del Sistema Nacional de Salud y fija las bases para el establecimiento de los importes máximos de financiación en materia de ortopedia.

Esta resolución no pone fin a la vía administrativa, dado que se puede interponer una reclamación previa ante el Servicio Provincial de Sanidad, Bienestar Social y Familia, dentro de un plazo de 30 días a partir de la notificación del acuerdo.

"RESOLUCIÓN JUSTA" "Se trata de una resolución justa, aunque llegue con dos años de retraso", manifestó ayer Ruiz de Diego, que señaló que su cliente ha visto cómo finalmente se hace justicia.

Su cliente, Miguel B., presentó la reclamación al ver que pasaba el tiempo y la Administración autonómica no le devolvía el dinero que él había destinado a la adquisición de la silla de ruedas tras sufrir un accidente laboral que le produjo una incapacidad del 82%.

Al principio, los responsables de Sanidad le dieron la razón en su demanda, y alegaron problemas de funcionamiento interno para justificar la tardanza, en particular que solo faltaba fiscalizar el importe del vehículo ortopédico. Sin embargo, su caso siguió estancado en el laberinto burocrático.

Por su parte, el Justicia de Aragón, Miguel García Vicente, admitió a trámite la queja de Miguel B., a la vista de que esta se basaba en hechos sólidos, como que la solicitud de la ayuda de adquisición había recibido el visto bueno tanto del traumatólogo como del rehabilitador, tal y como lo exige la ley.

"El caso pone de manifiesto que los ciudadanos no están indefensos ante la Administración y que tienen que hacer valer sus derechos siempre que consideren que han podido ser vulnerados", manifestó el letrado bilbilitano.