A la sombra de la central térmica de Andorra, la multinacional mejicana Cemex levantó en el 2007 una planta cementera. Debía generar 400 puestos de trabajo. Era la inversión más importante que atrajo el Plan Miner a Aragón: 100 millones de euros. Ni siquiera llegó a iniciar su actividad. Como esta empresa llegaron a las cuencas mineras de la comunidad hasta 300 industrias. De ellas más de la mitad ha cerrado o se ha trasladado.
Desde 1998 el Plan Miner ha dejado en Aragón unos 350 millones de euros en infraestructuras. Gran parte se ha quedado en la provincia de Teruel, que ha sido la gran beneficiaria de estos fondos. Las cuencas mineras, otrora atrapadas por la dependencia de la extracción del carbón, se enfrentan ahora a una nueva encrucijada. Muchas de las empresas que acudieron a los municipios atraídas por las ayudas públicas han cerrado o se han marchado para instalarse en otros lugares. La Administración no les ha reclamado la devolución de las subvenciones. En su mayoría pertenecían al sector de la construcción. La crisis arrasó con buena parte de ellas. Es el caso de Gres de Andorra, que llegó a tener 80 trabajadores; ahora son 30. Viven en un permanente Expediente de Regulación de Empleo (ERE).
A la reconversión minera le ha seguido la de la construcción. Y las cuencas se han retrotaído ya a la situación de los 90. El cierre de las empresas han dejado un reguero de parados. Lejos quedan los tiempos en los que se creaban tantos empleos como se destruían en el carbón. En Andorra hay 700 personas apuntadas en las listas del Inaem. Si se pusiese en marcha la cementera a pleno rendimiento --400 puestos-- y la empresa de prefabricados, ubicada al lado, y también parada, --300 puestos--, no habría apenas desempleo.
El Plan Miner nació en 1998. En su primera fase se alargó hasta el 2005 y se invirtieron 300 millones de euros. En el siguiente, del 2006 al 2012, ya en vacas flacas, han llegado 45 millones. Y el futuro está dictado por la incertidumbre. En estos años se han realizado un buen número de inversiones. Se han construido 18 polígonos industriales. De ellos, 10 están vacíos. Se han levantado dos balnearios de aguas termales, el de Segura de Baños --que costó 10 millones de euros--, y el de Ariño --9 millones de euros--. Ninguno de los dos ha abierto todavía sus puertas.
A carreteras se han destinado 83 millones de euros, y se ha intervenido en 50 vías. Algunas se han hecho nuevas; otras solo se han mejorado y acondicionado. Veinticinco municipios mineros, e incluso algunos que no lo son, se han dotado de nuevas plantas potabilizadoras. La de Alcorisa, por ejemplo, costó 1,5 millones de euros, la de Ariño 400.000 y la de Alloza 360.000.
Algunas de las obras, aunque financiadas por el Miner, eran ejecutadas por el Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Teruel. Con esta fórmula se construyó un gaseoducto, que costó 21 millones de euros; se pudo acometer el recrecimiento del embalse de Santolea, con una inversión de 20 millones de euros, o se inició la elevación de aguas desde el Ebro hasta las cuencas mineras. A este fin se han destinado ya 27 millones.
Las inversiones han sido cuantiosas y las mejoras en infraestructuras notables. Pero el principal objetivo, cambiar la dependencia del carbón por la diversificación industrial y la creación de empleo no se ha logrado. La crisis de la minería dio paso a la de la construcción. Ya no se generan puestos de trabajo. Los sindicatos indican que la situación es la misma que en los 90, cuando nació el Miner. La diferencia es que por el camino se han gastado 350 millones.
