Con la finalidad de simplificar y coordinar actuaciones así como atender las distintas necesidades de los municipios, actualizar la normativa urbanística a la realidad socioeconómica e inmobiliaria actual y clarificar las competencias de los distintos agentes participantes, el Gobierno de Aragón impulsó la modificación técnica de la ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón para simplificar y facilitar la gestión urbanística y dar más autonomía a los municipios. Sin embargo, esta ley también favoreció la iniciativa privada en detrimento de la pública y ha servido para dotar de nuevos instrumentos a las grandes constructoras. Asimismo, se recuperó una figura urbanística para facilitar el planeamiento urbanístico a las localidades de menos de 500 habitantes, y ganar en eficacia y agilidad en la gestión urbanística. Las modificaciones en materia urbanística contaron con el total rechazo de la oposición.
