El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, prepara un mecanismo de perdón parcial de la deuda autonómica contraída con el Estado a través de una fórmula que pueda ser digerible por los barones del PP -y de otros partidos de comunidades cumplidoras, como el caso de Aragón- que rechazan aplicar «quitas» en las cantidades adeudadas y que previenen contra cualquier intento de trato favorable hacia las comunidades que pudieran no haber hecho sus deberes durante la crisis.
El mecanismo que ultima Hacienda pasa por alargar plazos de la deuda y bajar tipos de interés, tal como hizo el propio Banco Central Europeo con Irlanda en el 2013 sin provocar demasiado ruido. Hay expertos que estiman que alargar de 10 a 40 años el plazo de la deuda y bajar en medio punto el tipo de interés puede equivaler a una quita de la deuda del 25% en determinados supuestos de tasa de descuento, según cálculos orientativos de Analistas Financieros Internacionales (AFI).
El presidente del BCE, Mario Draghi, negoció en febrero del 2013 con Irlanda una permuta de deuda a menos de 10 años por otra a 32 años de media, a un tipo de interés menor. Irlanda, que tenía contraída con el BCE una deuda de 31.000 millones, logró ahorrar «miles de millones», según dijo entonces su primer ministro, y todo ello de una forma indolora, sin violar presuntas reglas europeas contrarias al perdón de deudas y sin críticas de los austericidas.
Este es el modelo que parece estar presente en los planes de Montoro a tenor de lo expresado este miércoles en la misma tribuna del Congreso de los Diputados. El foco se sitúa sobre la deuda actual de casi 160.000 millones de euros -según los últimos datos del Banco de España- de las comunidades con el Estado a través los mecanismos de rescate arbitrados por el Estado desde el 2012 en forma de fondo de liquidez autonómica (FLA) o de plan de pago a proveedores (PPP).
En el caso de Aragón, de los más de 7.750 millones de euros de la deuda global de la comunidad autónoma, el 21,6% del PIB, alrededor de 3.200 se deben al Estado, el principal acreedor (el resto son 2.150 millones en bonos, más de 800 millones en préstamos de bancos internacionales y 1.516 en bancos españoles). A pesar de que se ha disparado la deuda en la última década, Aragón es una de las comunidades con menos problemas financieros. Aunque el 41% del total de su deuda debe satisfacerse con el Estado, está por debajo de la media nacional, del 56%.
Dada la mejor salud financiera que otras comunidades como Cataluña, Andalucía o Comunidad Valenciana, Aragón también se opone rotundamente a cualquier quita, como dejó claro el propio presidente del Gobierno, Javier Lambán, hace tres meses cuando esa posibilidad fue apuntada por el PSC en plena campaña electoral de Cataluña. Una opinión que también comparte con el principal líder de la oposición, Luis María Beamonte, quien es partidario de encontrar fórmulas distintas a cualquier quita o condonación. La opción de prolongar los intereses de los 10 años actuales a 20, 40 o incluso 50, no se ve con malos ojos.
MECANISMO
Mientras, a principios de febrero, el consejo de Gobierno aprobó adherirse una vez más al FLA. En concreto, para este primer trimestre pidió una cantidad de 441 millones de euros. Esto es una parte insignificante de los 21.000 millones de euros que el Ministerio de Hacienda ha habilitado para este fondo de ayuda a la financiación de las comunidades autónomas. Aragón ocupa los puestos más bajos entre las comunidades que han solicitado esta ayuda, solo por encima de Asturias o Canarias, y muy alejado de los préstamos milmillonarios que se otorgan a Cataluña o la Comunidad Valenciana.
Sin embargo, la adhesión de Aragón al FLA (del que recibió mil millones de euros en el 2016) podría tener los días contados, ya que además de incrementar la deuda compromete jurídicamente con una serie de requisitos legales de cumplimiento de medidas impuestas por el Estado y la Comisión Europea. Por ello, el Departamento de Hacienda del Gobierno de Aragón estudia la opción de buscar otras vías de financiación. La mejor baza es la emisión de fondos verdes, de buena acogida en Europa, que atienden a criterios sociales y ambientales y priorizan las inversiones en función de estos criterios.
