La usuaria presuntamente violada en el albergue municipal de Zaragoza la noche del pasado 6 de mayo será trasladada a un hostal. El Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) tomó la decisión ayer, 16 días después del trágico suceso. Desde el área de Derechos Sociales confirmaron que ha interpuesto una denuncia y que está recibiendo un acompañamiento legal y social. Desde el sindicato CSIF anunciaron que esta semana se concentrarán en la puerta del recinto para exigir medidas.
La responsable del albergue y concejala de Derechos Sociales, Luisa Broto, convocó ayer a primera hora de la mañana a los portavoces de los grupos municipales tras exigirle que se tome acciones urgentes que eviten que vuelva a repetirse. Según la oposición no aportó datos, salvo que el pasado otoño se amplió el número de cámaras de seguridad hasta un total de 16.
La presunta violación se produjo hace 16 días. El supuesto agreso fue expulsado. Desde entonces, esta usuaria ha permanecido en el albergue municipal, a pesar del «trauma» que esto le causa. Según la concejalía, se le ha buscado un «alojamiento alternativo», aunque no precisaron más. La oposición coincidió en que Broto había informado durante la reunión de que se trataba de un «hostal» al no haber, en estos momentos, ningún piso tutelado listo para ser habitado.
No es el primer incidente de este tipo que se produce en menos de medio año en las instalaciones municipales. El pasado 21 de diciembre otro usuario agredió a una trabajadora del centro al grito de «te voy a follar». En este caso, los agentes de policía actuaron con rapidez.
Desde el consistorio insisten en que no ha habido un aumento en el número de incidencias respecto a años anteriores, aunque no aportan datos. Según CSIF, en el 2016 hubo diez actas de intervención, 24 denuncias administrativas, 19 infracciones penales y 11 informes. Tanto los trabajadores como las formaciones políticas reclaman que se realice un informe sobre el funcionamiento, ahora cuestionado, del protocolo interno del albergue y de las medidas de seguridad. El consistorio ha solicitado un estudio sobre los riesgos de la salud asociada a los puestos de trabajadores.
