Las plantillas de la Policía Local de las ciudades de Aragón son, en la mayoría de los casos, insuficientes. Ello se debe a factores externos, como la crisis económica, que ha reducido la capacidad de control presupuestario de los ayuntamientos y su orden de prioridades. Pero también a causas internas, como las excedencias, las comisiones de servicio, el traslado a otros destinos y el pase a segunda actividad de los agentes.

La combinación de estas circunstancias, unida a problemas peculiares de cada localidad, ha tenido como consecuencia la «pérdida de efectividad» del trabajo policial, en palabras de Luis, miembro del sindicato CSL Aragón. «Es un problema grave, pues significa que muchas cosas se dejan de hacer por falta de personal», subraya.

De la escasez de policías locales no se libran ni siquiera las capitales de provincia. Por ejemplo, en Zaragoza, según datos del CSL, se necesitan 300 agentes más para completar la plantilla, mientras que en Huesca solo prestan servicio 60 policías en una plantilla compuesta por 90 profesionales.

La infradotación en recursos humanos de las 25 policías municipales existentes en la comunidad se constata en toda su crudeza en el caso de la villa de Caspe, donde solo el 40% de la plantilla está en activo, según ha denunciado el grupo popular en el ayuntamiento, que acusa de la situación al equipo de gobierno socialista.

CASPE, AL LÍMITE

La oposición señala que hay agentes de baja o en otros destinos por la «presión que sufren debido a las condiciones del servicio». Y denuncia que realizan su trabajo en medio de grandes carencias en materia de vehículos y chalecos antibalas personales. La falta de personal es tal que se han visto obligados a hacer servicios en solitario, dice el PP.

Jesús Senante, alcalde de Caspe, niega que el ayuntamiento presione a los agentes y atribuye este estado de cosas a «una coincidencia que hace que, de una plantilla de 11 policías, siete estén con la baja por enfermedad común». No obstante, el regidor asegura que la situación, que califica de «extraordinaria», se resolverá «poco a poco».

CAMBIO DE PRIORIDADES

Luis, del CSL, advierte de que la situación de Caspe no es extensible al resto de poblaciones con Policía Local. Con todo, el sindicalista llama la atención sobre el hecho de que en casi todas las localidades aragonesas con este servicio la plantilla se ha ido recortando en el curso de los últimos 10 años. «En una época de crisis, de escasez de recursos públicos, los ayuntamientos tienen otras prioridades», reconoce.

Calatayud, la cuarta población aragonesa en población, no se libra de este tipo de problemas. Su plantilla se compone de 42 agentes, pero a día de hoy solo se hallan en sus puestos 22 policías realmente. Su alcalde, José Manuel Aranda, del PP, señala que el pase a segunda actividad ha diezmado las filas del cuerpo.

«La segunda actividad es el problema», admite el primer edil, que subraya que hacen falta más agentes, una carencia que se dispone a abordar con la próxima convocatoria de dos plazas de policía local.

El concejal socialista Luis Velázquez precisa que en la actualidad hay ocho agentes en segunda actividad con destino y otros seis sin destino. Además, otros tres policías teóricamente en activo se hallan desarrollando funciones distintas: uno trabaja de bombero, otro ha elegido un destino diferente dentro de la comunidad y un tercero se halla con la excedencia.

«A veces, los problemas de escasez de personal se deben a que los miembros de la plantilla buscan destinos y empleos más rentables», apunta Velázquez. «El salario hace que vayan de un sitio a otro, de un trabajo a otro», añade.

COMISARÍA

Claro que Calatayud, por sus especiales características (está en un importante nudo de comunicaciones) y su número de habitantes (en torno a 20.000), cuenta además con una comisaría del Cuerpo Nacional de Policía. «Gracias a ello se puede decir que la Policía Local tienen un gran soporte en su quehacer cotidiano, en especial en el control del orden público», señala el concejal socialista.

En donde no hay Policía Nacional, en cambio, las tareas se reparten entre los agentes locales y la Guardia Civil, cuerpo que, a su vez, presenta también graves problemas de personal y cubre territorios muy amplios, lo que merma su efectividad.