La aplicación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, todavía en fase de elaboración, se presenta complicada para las ciudades de Aragón. La normativa, que hace mayor hincapié en la fiscalización, busca aumentar la transparencia en las transacciones entre administraciones y empresas y alejar la sombra de la corrupción.

Por eso un centenar de alcaldes, secretarios municipales y presidentes de las comarcas de Aragón participaron ayer en Cuarte de Huerva en una jornada que versó sobre las novedades del nuevo texto legal y en la que actuaron como ponentes el director general de Contratación, Patrimonio y Organización del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Bernal, y el secretario general de la Diputación Provincial de Zaragoza, Jesús Colás Tena. El encuentro, destinado a las localidades con más de 8.000 habitantes, estuvo organizado por la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP).

«Me gustaría que la ley fuera más clara y precisa para facilitar la gestión en el ámbito local, pero, en su redacción actual, es complicada y compleja y su aplicación y necesariamente va a requerir más personal», advirtió Jesús Colás. Con todo, señaló que «no tiene por qué costar más si hay una gestión eficaz de la contratación pública, pues eso conlleva grandes ahorros también».

El experto hizo hincapié en que el proyecto de ley «va a ser modificado sensiblemente en muchas de las cuestiones, por el gran volumen de enmiendas presentadas», más de mil. Este dato la convierte en la normativa con mayor número de alegaciones, «por encima de la Constitución española».

Miguel Ángel Bernal señaló, por su parte, que Aragón está esperando a que el Estado apruebe la normativa para proceder a su desarrollo, atendiendo a sus peculiaridades organizativas y procedimentales. «Nuestra función es acompañar a los municipios en este proceso de acercamiento a la norma nacional, que está pendiente de que se discutan las enmiendas», dijo.