Lo municipios aragoneses reclamaron ayer la «solidaridad» de Zaragoza a la hora de afrontar el pago del polémico Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA). O al menos esta es la lectura que se extrae de la declaración que la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) aprobó ayer con el voto en contra del representante de Podemos.
La organización, que no realizó una encuesta general entre todos sus miembros, evidenció la necesidad de que todos los aragoneses «contribuyan al sostenimiento del medio ambiente» y a lograr que todos los ríos «estén limpios».
La presidenta del organismo, Carmen Sánchez, aseguró también que ya han presentado su propuesta de modificación del tributo según se acordó en la mesa técnica en la que se reúnen tanto técnicos de la Administración como los críticos al pago.
Desde la FAMCP recordaron que los pueblos más pequeños de la comunidad llevan «bastantes años» cumpliendo con sus obligaciones fiscales. Y evidenciaron que algunos municipios pirenaicos se han encontrado con multas ambientales por no tener lista su depuradora, un problema que achacaron a la DGA.
«Gracias a la solidaridad es posible que en un pueblo de 300 habitantes se pague la misma cantidad en cuestiones de saneamiento que en toda la ciudad de Zaragoza», expresó Sánchez. La adaptación de la FAMCP busca «contemplar las circunstancias de cada usuario» y fomentar el ahorro de agua.
PROPUESTA DE LA DGA
Por su parte, el consejero de Hacienda, Fernando Gimerno, se limitó a señalar que las líneas de la modificación que presentará hoy la DGA servirán para «lograr un acuerdo», aunque no ofreció más detalles sobre ellas. El presidente Javier Lambán será el encargado de detallar las medidas en un acto que busca evidenciar su compromiso personal con la reforma.
