Los pequeños municipios aragoneses llevan años enfrentándose a un problema: no tienen secretario (interventor y de tesorería). Es decir, no hay una persona habilitada para dar validez a todo aquello que se acuerda y aprueba en el ayuntamiento. Esta situación se produce por dos razones. Por un lado, hay ayuntamientos que no pueden asumir el sueldo de un funcionario de este tipo, que alcanza los 2.800 euros mensuales, como en Biota. Por el otro, no todos los interventores o tesoreros quieren vivir en localidades con menos de 500 habitantes. El secretario rural se ha convertido en un lujo que no todos se pueden permitir.

Desde el Gobierno de Aragón llevan años buscando la solución perfecta, que todavía no han encontrado. Por ahora plantean que se centralicen todas las gestiones desde las comarcas. Pero este problema no es nuevo y los ayuntamientos llevan años jugando sus propias cartas y han encontrado la manera de salvar este vacío legal: compartir al secretario y que cada día acuda a un consistorio. De esta manera pueden dar validez a sus acuerdos y, además, no asumen todo su salario. Aún así, todavía hay localidades en Aragón que no cuentan con esta figura y pagan las consecuencias.

Varios municipios no tuvieron la posibilidad de optar al fondo de desarrollo territorial y rural del 2014, subvencionado al 50% con los Feader, por no tener un secretario que firmara, "que diera fe", a las certificaciones de solicitud de concurrencia. Así lo explicó la directora general de Administración Local, Paula Bardavío, que admitió el problema. "Hubo solicitudes que no admitimos, pero dimos un plazo para que trataran de subsanar el asunto", explicó. Aunque no había manera alguna sin un secretario que plasmara el sello. Bardavío, aseguró que aquellos municipios "en disposición de recibir la ayuda" no se quedaron fuera de la convocatoria. Fuentes del PSOE, en cambio, denunciaron que poco más de cien ayuntamientos pudieron optar a la subvención, de más de 600 que la solicitaron.

UN LUJO

En la comarca de las Cinco Villas hay 33 municipios. Solo siete tienen secretario propio: Sábada, Ejea de los Caballeros, Biota, Tauste, Uncastillo, Luesia y Castejón de Valdejasa. El resto de localidades lo comparten. Así, una misma persona lleva la administración de dos o tres poblaciones y se reparte los días de la semana por pueblo. El vicepresidente de la comarca, Ezequiel Marco, asegura que "tener un secretario es todo un lujo" para los pueblos más pequeños. "Son muy caros y hay ayuntamientos que no pueden pagarlos".

Almochuel es uno de esos municipios que utiliza los servicios de la comarca --en este caso de Campo de Belchite-- para poder disponer de un secretario. El alcalde de Almochuel, Ángel Gascón (PAR), asegura que están "encantados". Llevan tres años en esta situación, desde que renunciaron a la mancomunidad con Vinaceite y Azaila, dos pueblos que siguen compartiendo al mismo interventor. Gascón explica que principalmente se ahorran dinero. "Un ayuntamiento de 35 habitantes no puede pagar a un funcionario de esta categoría". La auxiliar acude a Almochuel dos días al mes y la secretaria, únicamente cuando es preciso, como la celebración de un pleno.

Aún existe otra alternativa más: los interinos. El alcalde de Beceite, Alberto Moragrega (PSOE), explica que en la Comarca del Matarraña contratan "a interinos que van solo cuando hace falta". No es la única. "Un pueblo de 500 habitantes tendría que tener sí o sí un interventor a jornada completa". Algo que no ocurre.

El presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, Carlos Boné, considera que la intención del Ejecutivo autonómico de centralizar la función pública del secretariado no es otra que la del "ahorro". "En muchos pueblos es el interventor el que abre el ayuntamiento y el que se encarga de todo, muchos cerrarán de forma definitiva si desaparece esta figura", lamenta. Aunque, también dice que "las comarcas están para algo".

Añade que la realidad de estos pequeños municipios es que muchos funcionarios no quieren trasladarse a vivir en ellos y que rechazan la plaza o piden el traslado en cuanto ven una mínima posibilidad. "Un pueblo no tiene los mismos servicios que un gran municipio o una ciudad y no se puede obligar a nadie a querer vivir en el medio rural". Tanto Boné como Bardavío apuntan a que, quizá, la solución sería crear incentivos para que se cubriesen las vacantes.