Cinco años después de la entrada en vigor de la ley de estabilidad presupuestaria, los ayuntamientos del cambio de Zaragoza, Madrid y Barcelona lideran las protestas contra la austeridad de la llamada ley Montoro.
El alcalde Pedro Santisteve lidera junto a Manuela Carmena y Ada Colau un grupo de 13 corporaciones de todos los colores políticos que ejercen de punta de lanza para forzar una revisión de la ley que les permita poder invertir mayor parte de los ahorros acumulados tras cinco años de superávits.
Este grupo, que se reunió el 1 de marzo en Madrid, acoge también las corporaciones de Valencia, Valladolid, Las Palmas, Sevilla, Murcia, Bilbao, Gijón y L’Hospitalet de Llobregat además del Cabildo insular de Tenerife y el Consejo Insular de Mallorca. Con el mismo objetivo, un grupo de 70 corporaciones, rubricaron la llamada Declaración de Valencia en la ciudad del Turia a finales de febrero, al tiempo que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) redobla su presión sobre el Gobierno.
«No se entiende que un ayuntamiento ahorre y no lo pueda invertir en la ciudad », defiende el responsable de Economía, Fernando Rivarés.
Zaragoza cerró el ejercicio 2016 con un remanente de tesorería de 17 millones de euros que se destinará a amortizar deuda y a pagar facturas pendientes; cumple los límites de morosidad y terminó con 99 millones positivos de endeudamiento. Su deuda ha bajado de los 828 millones en el 2015 a los 765 actuales. A pesar de cumplir con las reglas, no podrá destinar el remanente a invertir en la ciudad.
Todo ello nace de la llamada regla de gasto, un instrumento de disciplina que impide que el gasto público suba cada año por encima de la tasa de referencia de la economía a medio plazo (el 2,1% en el 2017), a no ser que se aumenten los impuestos .
Al descontento municipal contra la ley Montoro se sumará este año el de un grupo de al menos siete autonomías que en el 2017 se verán obligadas a ahorrar. Por primera vez desde su aprobación en el 2013 la regla de gasto entrará en acción para las comunidades. Autonomías como Andalucía, Baleares, Canarias, Galicia, Navarra, Euskadi y La Rioja no se podrán gastar todo el dinero adicional que van a recibir este año.
Tras duros años de recortes, el conjunto de las autonomías gozará en el 2017 por fin de mayores ingresos (5.387 millones más que en 2016). Pero un grupo de ellas (las que mejor cumplieron el déficit en el 2016) no podrán gastarlo todo. Si lo hicieran, sus partidas crecerían por encima del 2,1% que fija la regla de gasto a riesgo de entrar en una guerra con el ministro Montoro. Eso, a pesar de que la propia Administración central no ha cumplido nunca esta regla, tal como reconocen en Hacienda.
La aplicación de la regla aboca a que estas autonomías no podrán agotar el objetivo máximo de déficit del 0,6% del PIB mientras que las demás sí podrán hacerlo. Ello augura motivos de tensión política entre gobiernos autonómicos.
SUPERÁVIT LOCAL
En el 2017 las autonomías empezarán a sufrir los rigores que ya padecen miles de ayuntamientos. Los alcaldes se quejan de que Hacienda no les deja gastar sus ahorros. La mayor parte de estas cantidades ha servido para reducir su deuda pública en 12.000 millones, hasta el punto de haber desaparecido en lugares como Bilbao. Otra parte de los ahorros acumulados están paralizados en las cuentas bancarias de los municipios, que acumulan unos 20.000 millones -según los cálculos de la Autoridad Fiscal Independiente, (Airef)- que no se pueden gastar.
Solo una pequeña parte de este superávit se ha podido emplear en «inversiones financieramente sostenibles» que es la única vía de escape que permite Hacienda a los ayuntamientos para dar salida a sus remanentes.
DISCIPLINA
Andalucía, Baleares, Canarias, Galicia, Navarra, Euskadi y La Rioja son comunidades que ya cumplieron con holgura el objetivo de déficit del 0,7% del PIB en el 2016 y que ahora, en el 2017 recibirán tantos ingresos adicionales que tendrían que aumentar su gasto más del 2,1% para poder darles salida, según los cálculos de la Airef. El Ministerio de Hacienda no descarta que esta circunstancia se amplíe a alguna otra comunidad más. No es el caso de Cataluñaa que precisará de sus 1.082 millones adicionales de este año para intentar bajar su déficit desde el 0,93% del 2016 al 0,6% fijado como objetivo para el 2017 .
La regla de gasto existe para todas las administraciones pero hasta ahora no había entrado en juego en las autonomías, pues estas estaban sometidas a una disciplina aún más dura, derivada de la exigencia de reducir el déficit público, que ha pasado del 3,35% del PIB en el 2011 al 0,82% del PIB en el 2016. Para el 2017 cumplir el objetivo parece más fácil. El déficit debe pasar del 0,82% del PIB al 0,6% y reducirlo en solo unos 2.550 millones parece asequible si se tiene en cuenta que las comunidades recibirán 5.387 millones más del sistema de financiación. Pero Montoro no quiere que se gasten todo; quiere que se ahorre la mitad.
