El concejal de Economía y Hacienda, Ricardo Mur, defendió ayer la actuación del departamento de Gestión Tributaria después de que el viernes se conociese que las arcas municipales habían dejado de ingresar 209.000 euros debido a la prescripción de unos recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). El edil disculpó a este organismo y achacó la caducidad de las facturas a la tardanza del Catastro de Zaragoza en resolver el recurso que la afectada había interpuesto ante él.

"Se está recaudando correctamente, pero cuando se recurre al Catastro ya no es competencia nuestra y no podemos actuar ni hacer nada por evitar que pase el tiempo, sólo podemos esperar, como ha ocurrido en este caso", explicó Mur. El próximo jueves, en la comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza, se presentará un informe con el fin de aclarar lo sucedido. El texto recogerá el proceso que siguen los recibos suspendidos y los pasos que pueden darse para efectuar su cobro.

"Estos casos son muy limitados, generalmente, se trata de gente con muchas propiedades a las que no les importa meterse en largos recursos", comentó el edil popular. Asimismo, aseguró que pese a haberse tomado ya medidas para evitar este tipo de situaciones, se seguirán estudiando nuevas fórmulas adicionales. "Los procesos tributarios son muy complejos y algunos contribuyentes intentan aprovecharse de ellos", añadió.

La titular de los recibos prescritos, Pilar Sanz Briz (antigua accionista de la inmobiliaria Zaragoza Urbana) dejó de pagar las facturas del IBI durante los años 1988 y 1995. Sanz Briz presentó dos recursos, uno de reposición (que interrumpió el cobro) y otro ante el Catastro para mostrar su disconformidad con la valoración que había hecho de sus propiedades. Este último fue resuelto de forma desestimatoria en 1997 pero hasta dos años después, nadie en el ayuntamiento solicitó ningún informe al Catastro para interesarse por la resolución.

El edil socialista, Ricardo Berdié, reveló la pasada semana un informe del jefe de servicio de Recaudación del ayuntamiento en el que se denunciaba la negligencia del departamento de Gestión Tributaria por la prescripción de recibos por valor de 209.000 euros. En el duro escrito se hizo constar que el servicio se interesó hasta en tres ocasiones por la tramitación del caso para evitar que caducaran y que Gestión Tributaria no llevó a cabo ninguna actividad y ni siquiera llegó a contestar dichas solicitudes. Tras la denuncia, se solicitó a Ricardo Mur la apertura de una investigación para hallar en qué punto se ha producido el fallo.