Ni el director de Cajalón, Javier L., ni el subdirector de la oficina de La Muela, Antonio Javier P., sospecharon que hubiera nada "ilícito" en los supuestos ingresos fraccionados que al parecer realizó la familia Pinilla durante los años 2006 y 2007. Así lo declararon ante el juez de instrucción de la Operación Molinos, Alfredo Lajusticia.

Ayer se celebró una nueva ronda de declaraciones, en la que participó el que fuera subdirector de la oficina de Cajalón en La Muela desde marzo del 2006 a febrero del 2007, Antonio Javier P., imputado por un presunto delito de blanqueo. Su firma aparece en la mayoría de las validaciones de los ingresos fraccionados que presuntamente realizaron los miembros de la familia Pinilla.

Buena parte del interrogatorio de ayer se centró en esclarecer quién era la persona que realizaba esos ingresos. Peinado aseguró desconocerlo porque quien se encargaba de atender a los clientes era el gestor comercial de la caja, quien fue también citado a declarar en calidad de testigo. Este señaló que no recordaba con exactitud quién se encargaba de llevar el dinero a la oficina, aunque subrayó que no era la alcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla, sino otros miembros de su familia.

CONTRADICCIONES El subdirector de Cajalón fue citado a declarar después de que lo hiciera el antiguo director de la entidad, Alberto L., que negó conocer que se hubiesen producido ingresos fraccionados por cuantías importantes. Una versión que se contradice con la que ofreció ayer el segundo al frente de la oficina de La Muela, al indicar que había comunicado y comentado la situación con su jefe. Es decir que ambos lo conocían, aunque no sospecharon que detrás de estos movimientos se escondiese nada "ilícito", sino que achacaron las transacciones a asuntos "fiscales".

Según narra el informe remitido por la Brigada de Blanqueo del Cuerpo Nacional de Policía, y que fue remitido al Juzgado número 1 de La Almunia, se produjeron ocho operaciones en las que 165.900 euros llegaron a las cuentas de la alcaldesa, su exmarido, Juan Antonio Embarba, y sus hijos Víctor y Jorge. Lo hicieron a través de 57 cargos, todos ellos salvo uno de 5.000 euros, fueron de 3.000 euros, lo que evita tener que justificarlos ante Hacienda.

Muchos de los ingresos en las cuentas de la familia Pinilla-Embarba se realizaban en un mismo día. En el mismo informe, por ejemplo, se cita un fraccionamiento de 53.000 euros en efectivo, que fueron abonados en 17 cargos de 3.000 euros y uno de 2.000, y que se efectuaron en solo una jornada, "con la evidente connivencia de algún miembro del personal de dicha sucursal", según figura en el documento elaborado por la Brigada.

LA TRAMA Además de los máximos responsables de Cajalón en La Muela y del encargado de la caja, también fueron citados a declarar como testigos Juan José L. A. y Francisco L. L., que son los proveedores que supuestamente realizaron facturas falsas a Ebrogán. Porque esta es la otra pata de esta ramificación de la Operación Molinos y que enlaza directamente con los movimientos que se producían en la entidad. Ayer ambos negaron conocer a ninguno de los implicados en la trama de corrupción urbanística. Sus declaraciones apenas duraron cinco minutos. También negaron que fueran suyas las firmas que aparecen en las facturas. Para acreditarlo se les analizará su cuerpo caligráfico, del que ya se tomaron muestras en el Juzgado número 1 de La Almunia.

En esta ramificación se investiga el cobro de una serie de facturas, también en la sucursal de Cajalón y que todavía no está claro quién se llevó. Todas ellas fueron giradas a Ebrogán, empresa propiedad de Arturo Beltrán, que había cerrado una operación inmobiliaria con la Sociedad Urbanística de La Muela. En ella se vendieron por 2,8 millones de euros 64.410 metros cuadrados del Sector 1, una cuantía que Hacienda considera inferior al valor del mercado. De hecho, la Fiscalía investiga si Carmelo Aured cobró, a través de esas facturas falsas, desde el 2004 al 2005, 1,4 millones de euros, por haber mediado supuestamente en la compraventa de estos terrenos.

Sin embargo, no está claro quién cobró esas facturas. Los dos proveedores citados como testigos lo negaron, aunque su nombre, DNI y firma aparecen en los cheques. De todas formas, la rúbrica podría haber sido falsificada.