La comisión de investigación sobre el plan de depuración de las aguas en Aragón alcanzó ayer su primer acuerdo después de cuatro reuniones preparatorias para convocar a 85 personas relacionadas con este plan. Del exhaustivo listado sobresalen dirigentes políticos de alto nivel, como la actual presidenta del PSOE y en su día ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona. Además, a lo largo de las sesiones, concurrirán exconsejeros de Medio Ambiente como Alfredo Boné (PAR) o Modesto Lobón (PP) y los distintos responsables del Instituto Aragonés del Agua, el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental y los presidentes de la Confederación Hidrográfica del Ebro, así como numerosos técnicos de estas distintas administraciones.

La coordinadora de la comisión, la podemita Marta de Santos, compareció ayer al término de la reunión para anunciar que por fin había un primer acuerdo tras varias sesiones previas y un considerable retraso desde que se aprobó la puesta en marcha de esta comisión, surgida a raíz de un informe de la Cámara de Cuentas en el que cuestionaba los procedimientos y al socaire de la polémica emprendida tras el cobro del Impuesto de Contaminación sobre las Aguas en la ciudad de Zaragoza.

MÁS SESIONES

Para De Santos, la exhaustiva relación de nombres acordados «da muestra de la magnitud de la comisión» y el número de sesiones que se deberán convocar para conocer los argumentos de todos y cada uno de los comparecientes. De hecho, la propia coordinadora no descartó que se produzcan más sesiones de las previstas, así como que se pueda ampliar la solicitud de información y documentación, aunque el calendario juega en contra de la propia comisión, y más al ritmo en el que han dispuesto las tres primeras sesiones, una por mes. Eso sí, las sesiones posteriores podrán estar más cercanas en el tiempo, en función de los plazos previstos, ya que tras las comparecencias de estas 85 personas le corresponse una segunda fase, larga en el tiempo y que es la más decisiva, porque es la redacción de las conclusiones de la comisión, en la que se dilucida si hubo responsabilidades políticas en la elaboración y desarrollo del plan de depuración de las aguas.

«Se trata de uno de los asuntos más graves que tiene Aragón», indicó Marta de Santos, diputada de Podemos, formación que ha mantenido una posición muy crítica con este asunto. Del total de estas 85 personas, unas «tendrán que dar explicaciones» y otras «arrojar luz» sobre el complejo sistema implantado durante las legislaturas del PSOE y el PAR para cumplir con las directivas europeas para mantener una alta calidad en las aguas de los ríos.

Aunque la comisión no dio el listado completo de comparecientes, las sesiones se han articulado en cuatro bloques: las fases previas al 2002, el diseño de depuración que comprende entre el 2002 y el 2007, el tercero en el que se abordará el desarrollo de las infraestructuras desde el 2008 hasta el 2015 y un cuarto que profundizará en la legislatura vigente.

AYUNTAMIENTOS

De este modo, además de la exministra Narbona, se citará a diversos técnicos del ministerio y de la CHE, a responsables políticos de la DGA como los consejeros de Medio Ambiente, a secretarios generales técnicos, a los directores del Instituto Aragonés del Agua y del Inaga, a técnicos de otra índole así como a empresas y ayuntamientos. De hecho, se citará a personal de alguna de las 38 empresas que estuvieron relacionadas con el plan y se ha hecho una selección de alcaldes del sector 10, correspondiente al Matarraña y al Bajo Aragón, donde se rescindieron los contratos. Entre estos alcaldes figuran los de Cretas, Fabara o Aguaviva. También comparecerán alcaldes de las cuatro zonas del Pirineo, uno de los lugares donde el sistema resultó fallido.

La comisión ha descartado citar a los presidentes del Gobierno de Aragón y De Santos insistió en que esta comisión busca dirimir si hubo responsabilidades políticas.

Hasta ahora, se han celebrado en las Cortes de Aragón 12 comisiones de investigación y se han descartado otras tantas. Las dos últimas se celebraron la pasada legislatura y tuvieron que ver con las responsabilidades políticas en la gestión de Plaza y en la disolución de la Caja de Ahorros de la Inmaculada.