Francisco Franco Martínez Bordiú, nieto del dictador Francisco Franco, será juzgado en Teruel los días 22, 23 y 24 de enero de 2018 por atentado a la autoridad, daños y lesiones y contra la seguridad vial, por los que se le piden hasta cuatro años de cárcel.
Franco será juzgado junto a un empleado suyo, Silviu Nicolae quien, según las diligencias instruidas por el Juzgado de Calamocha (Teruel), viajaba con él en el vehículo en la mañana del 30 de abril de 2012 cuando se produjeron los hechos, mientras que la defensa del nieto de Franco asegura que se encontraba en Madrid.
La acusación considera probado que Franco y el empleado se encontraron aquel día a dos agentes de la Guardia Civil que les hicieron señales para que detuvieran el vehículo, ya que circulaba por la carretera nacional 234 cerca de Calamocha (Teruel) con las luces apagadas.
Según lo recopilado en la instrucción del caso, el vehículo, conducido por el propio Franco, se dio a la fuga a gran velocidad sin respetar las señales de tráfico y con el consecuente riesgo para la seguridad de la circulación y de los ocupantes del coche. Se inició así una persecución por caminos y pistas forestales hasta que la Guardia Civil consiguió detenerlo en un camino entre Collados y Lagueruela. El copiloto, Nicolae, exhibió un arma larga de fuego momento en que Francisco Franco hizo una maniobra de marcha atrás colisionando con el vehículo de la Guardia Civil y arrastrándolo varios metros, según el relato de instrucción.
Tras ello se dio nuevamente a la fuga por caminos forestales. El coche fue localizado más tarde por una patrulla de la Guardia Civil en la localidad de Bea, abandonado y sin las llaves. Como resultado de lo ocurrido uno de los guardias civiles resultó lesionado.
La Fiscalía considera en el escrito de calificaciones que ambos son responsables de delitos contra la autoridad, y considera a Franco, además, responsable de un delito contra la seguridad vial además de lesiones al agente y daños al vehículo oficial.
Por ello pide dos años de prisión para el empleado y cuatro años para Franco por el delito de atentado contra la autoridad. Para este último además uno por el de seguridad vial y otro por el de daños, además de multas y una indemnización al agente lesionado de 1.500 euros y 2.720 a la Guardia Civil por los daños en el vehículo. La defensa alega que ese día su cliente estaba en Madrid y solo se le relaciona con el caso porque «el coche encontrado era propiedad de una sociedad de Martínez Bordiú».
