-¿Qué conclusión extrae de todo lo que ha pasado a lo largo de los últimos días?

-Estoy dispuesta a seguir trabajando y a hacer un doble esfuerzo si se requiere. Lo que se ha constatado es que hay una implicación y preocupación por la educación aragonesa y ese es el mensaje que me llevo de la manifestación del otro día. Por otro lado, creo que tenemos que esforzarnos en explicar bien lo que estamos haciendo desde que llegamos al Gobierno y, en este caso concreto, de lo que suponen estas medidas. Hablamos de un proceso de renovación de conciertos a seis años, como en todas las comunidades autónomas, y que hemos analizado tras recibir la documentación de los centros en función del número de alumnos, la evolución demográfica o los escolares con necesidades educativas especiales para, después, sacar la oferta disponible. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo en explicar a las familias, centros y docentes cuál es el impacto de esta medida. Estas 15 aulas cuyo concierto no se renueva suponen el 2% de la totalidad de las plazas ofertadas en centros sostenidos con fondos públicos.

-¿Se ha hecho algo mal desde el departamento? ¿Se podría haber hecho mejor?

-Desde que llegamos al Gobierno hemos mantenido multitud de reuniones con todos. Intentamos tomar las decisiones de manera compartida y trasladar las motivaciones y razonamientos. Creo que hemos tenido unos diez encuentros con la concertada y hemos ido adoptando acuerdos con patronal y trabajadores. Vista la polémica y su utilización y confusión mediatizada, junto al proceso de renovación de conciertos, creemos que hay gente que no tiene la totalidad de la información. De hecho, me han llegado mensajes preguntándome cuándo se va a cerrar este centro o el otro. Aquí no estamos cerrando centros.

-¿Cree que peligra alguno?

-Han estado abiertos siendo colegios privados. Ellos saben sus cuentas y sus números. También nos hemos encontrado con casos a la inversa, es decir, centros concertados que decidieron cerrar por lo que fuera y que llamaron a la Administración para que atendiera a la escolarización de los alumnos y a la recolocación de los profesores. Y se ha hecho con normalidad. No hay ningún ánimo de confrontación ni animadversión hacia la concertada sino al revés, un clima de convivencia y respeto porque siempre se ha mantenido el diálogo. Solo que, ante el descenso demográfico desde el 2013, se le pide al sector un esfuerzo igual que lo hizo la pública.

-Pero hay uno, el Virgen de Guadalupe, cuyo futuro parece incierto. Solo tiene una vía y se le quita el concierto.

-No se concierta primero de Infantil, pero sí segundo de Primaria, que no está en la actualidad. Ningún niño escolarizado en un colegio concertado va a dejar de estarlo, pero se ha realizado una propuesta en función de las necesidades de escolarización y buscando ese equilibrio e integración de la concertada.

-Pero afecta directamente a la escolarización de hermanos...

-La pregunta es por qué se concertó este centro, que era privado. Por eso digo que recogemos las decisiones que, de manera unilateral y no sujetas a una planificación justificada, supusieron concertar en San Gabriel, en Zuera, o en Virgen de Guadalupe o en Teresiano, sin que esa medida respondiera a necesidades de escolarización. Esa es la pregunta, insisto: por qué se adoptó esa decisión en un escenario de descenso demográfico y con un aumento en la ratio en las aulas y cierre de 28 vías en la escuela pública. En cuanto a los hermanos, vamos a acometer una escolarización singularizada y se va a dar opción a las familias para poder elegir.

-¿Por qué la concertada se siente maltratada?

-De aquellos barros vienen estos lodos. Las medidas en educación tienen efecto a medio plazo y ahora estamos recogiendo la herencia de una política de la derecha que destruyó la credibilidad de la escuela pública en beneficio de la concertada. Nuestro objetivo es llegar a ese punto de equilibrio para que convivan con normalidad ambas redes, pero a través de una apuesta clara por la escuela pública, que es la que garantiza la igualdad de oportunidades y llega a todos los sitios, pero respetamos absolutamente a la concertada.

-¿Tiene la sensación de que le han metido en un lío?

-La gestión de la educación es compleja y cada decisión tiene efectos colaterales con muchos conflictos de intereses. Gestionar eso no es fácil y menos aún en un momento de polarización política muy fuerte en el que hay extremos de una y otra opción ideológica que tiran fuerte de la cuerda y es complejo tratar de que no se rompa. Pero también es ilusionante porque la apuesta por la educación de este Gobierno es evidente y el presidente es el primero que cree en ello. Así se ha ido plasmando en los presupuestos. De hecho, si se aprueban los del 2017 se habrá dado un salto cuantitativo y cualitativo, con un incremento de 144 millones de euros, que no es poco teniendo en cuenta que nos siguen apretando desde Madrid y Bruselas. Hemos recuperado 900 docentes que se perdieron la pasada legislatura, se han abierto 51 aulas públicas en primero de Infantil, 18 de ellas en Zaragoza, o estamos construyendo las infraestructuras necesarias en el sur de la ciudad, que deberían estar hace años pero que, por una decisión deliberada, no fue así. El compromiso con la educación es claro desde el primer día.

-¿Esperaba la mayúscula respuesta de la concertada?

-Sabíamos que la renovación de conciertos iba a provocar tensiones. Estaba claro que se iban a quitar conciertos porque ha habido un considerable descenso de la natalidad que, por ejemplo, en la zona 1 --Actur- ha llegado al 30%. Parece razonable que esa disminución se hubiera repartido entre ambas redes teniendo en cuenta que la pasada legislatura se perdieron vías en la pública y no en la concertada.

-La concertada esgrime que ese descenso demográfico solo les ha castigado a ellos.

-El concierto no es un fin en sí mismo sino un medio para unificar la educación para llegar a todos los rincones donde la pública no puede. ¿Alguien se plantea cerrar la quinta planta del Servet porque hay plazas concertadas en la Quirón o en la Montpellier? Sería un despropósito teniendo los recursos necesarios. Creo, además, que la libertad de elección de las familias es absolutamente compatible con la planificación de la Administración. Se ha analizado la situación y las familias tendrán exactamente la misma libertad de elección. No estamos poniendo en jaque a la concertada por dejar de concertar 15 aulas. Afirmar eso es un poco excesivo.

-¿La cantidad de aulas suprimidas habría sido la misma sin el acuerdo con Podemos?

-Se lo he dicho antes. Hemos cerrado 17 aulas en la concertada estos dos cursos y hemos abierto 18 en primero de Infantil en Zaragoza en estos dos años de Gobierno.

-O sea, que la concertada no ha sido moneda de cambio.

-Han coincidido una serie de situaciones y de decisiones que han hecho que se haya focalizado y sea una cuestión más pública que otra cosa. De no haber sido así, el procedimiento habría sido mucho más normalizado. Nuestro compromiso está claro. Invito a leer nuestro programa electoral, en el que figura todo lo que se está haciendo. Esta medida no es fruto solo del acuerdo de investidura con Podemos, sino también con otros grupos de la izquierda -IU y CHA- y con el compromiso adquirido con los aragoneses en nuestro programa y con lo que denunciamos en la oposición cuando gobernaba el PP.

-Existe cierta sensación generalizada de que ha ganado Podemos...

-Me hago responsable de mis decisiones. Podemos tiene una parte de responsabilidad porque es la que apoyó unos presupuestos y espero que también lo haga ahora, pero la prioridad es que la educación recupere el lugar que le corresponde.

-¿No se podría haber aplazado la decisión hasta después de la presentación de solicitudes para acceder a los centros?

-El momento de renovación de los conciertos se hace ahora y las fechas ya se sabían. En febrero los centros terminaron de presentar la documentación para la renovación de conciertos y hace mucho que se conoce la normativa y el calendario.

-Una decisión de su departamento ha provocado la mayor manifestación de la historia de la concertada en Aragón. ¿Cómo lo valora?

-Insisto en que sentí que hay un compromiso claro de la comunidad con la educación del presente y del futuro. No digo que haya habido malos entendidos, pero sí una falta de información clara y transparente que hace que se generen alarmas sin que existan argumentos sólidos para ello.

-¿Y si los tribunales acaban por darle la razón a la concertada? ¿Qué escenario quedaría entonces?

-Los tribunales son una garantía de los ciudadanos para defender sus derechos. Ellos tienen derecho a acudir a ellos y nosotros a cumplir lo que dictaminen, como hemos hecho siempre, nos guste más o menos. Quiero dejar claro que esta resolución está motivada y justificada por un criterio de planificación y por necesidades de escolarización que son las que deben determinar la renovación de conciertos.

-De nuevo la concertada en los tribunales, como ya sucedió con el colegio Ánfora al comienzo de la legislatura...

-Con Ánfora todo fue más mediático que lo que pasó realmente. No se autorizó porque había informes técnicos de infraestructuras que decían que no se podía abrir, pero el juez dijo que sí y que debía concertarse. Y así lo hicimos y a partir de ahí ha sido más mediático que otra cosa porque el centro ha ido funcionando como un colegio concertado más.

-¿Le preocupa la brecha que parece haberse abierto entre la pública y la concertada a raíz de este proceso de renovación de conciertos?

-Sí. La polarización política nunca es buena y estamos en un momento en que está más presente que nunca en todas las instituciones. Cuando un proceso más normalizado de gestión y planificación se convierte en un proceso ideológico, pervierte mucho las cosas. Hemos mantenido muchas reuniones con la patronal y los trabajadores y les hemos ido anunciando cómo veíamos la situación y qué íbamos haciendo. Y creo que ellos mismos se han visto saturados y superados para controlar una situación que seguramente habría sido más normalizada si no se hubiera hecho tan pública. Y vamos a intentar llegar a esa coexistencia, pero que quede claro que la pública y la concertada han convivido sin problemas hasta la pasada legislatura.

-El sector reclama más financiación.

-No es competencia de la Administración autonómica, sino de del Estado. El PSOE siempre ha garantizado no solo mejorar las condiciones laborales de los docentes sino también la estabilidad en el empleo, algo que, por cierto, no hizo el PP al echar a más de mil docentes de la escuela pública sin importarle para nada su trabajo. Nuestro compromiso con los trabajadores es clarísimo y, de hecho, pusimos el complemento autonómico de 250 euros al mes y adoptamos otras mejoras en estos dos años, con incremento de profesionales incluido. La cuestión del módulo de conciertos afecta directamente a Madrid, así que creo que la presión la deben ejercer también al Gobierno estatal.

-¿Qué opina del informe presentado por el sindicato CGT acusando a la concertada de segregar al alumnado?

-Lo que está claro es que la escuela pública escolariza el doble de alumnado con necesidades educativas especiales que la concertada. En la zona 5 de Zaragoza, por ejemplo, se concentra el 40% de la totalidad de las plazas ofertadas en la concertada en todo Aragón, pero apenas hay un 6% de alumnos con beca, lo que es todo un indicador. Hemos entendido que, en aras al respeto y la integración de pública y concertada, en esa zona era mejor rebajar una vía en Jesuítas, que tenía cinco y que estaba sobredimensionado, y en Marianistas, que tiene cuatro, en lugar de cerrar centros concertados con una sola vía, como el Cantín y Gamboa y otros, que escolarizan entre el 30% y el 40% de alumnos con necesidades especiales. Esa es la razón de ser de los centros concertados: responder a una necesidad de escolarización de su entorno. Y esa es la línea que hemos seguido.