Los caminos de una crisis política como la que vive el Ayuntamiento de Zaragoza son inexcrutables. Ayer, una nueva vuelta de tuerca en la Comisión de Urbanismo llevó a retirar una propuesta como la que pretendía homogeneizar la estética de fachadas, comercios y mobiliario de la escena urbana. Lo hizo para no enterrar una propuesta que cuenta con un apoyo unánime y manifiesto, por parte de todos los partidos, que aplaudieron el trabajo que «durante 4 años» ha realizado el jefe de Planificación Urbanística, Ramón Betrán, con aportaciones de todos ellos. Porque nadie cuestionó ni una coma, pero sí al Gobierno que la impulsa. Este recriminó nuevamente el «bloqueo» de la oposición con «excusas peregrinas» con el que, dijo, salen «resentidas sus ideas y las ganas, que no van a faltar, de seguir consensuando cosas».

Así les trasladó su malestar el responsable de Urbanismo, Pablo Muñoz, que había visto minutos antes cómo esa tensión por las sociedades no había impedido recibir el apoyo suficiente para impulsar la anulación del acuerdo de pleno que motivó la expropiación de suelo al club de Tiro de Pichón. Esa que, según los servicios jurídicos, reúne «cinco motivos para su nulidad». Solo lo rechazó el PP por considerarlo «una patada hacia delante» que supondrá «pagar 180.000 euros más al año en intereses». Pero sí afectó al carpetazo al plan Aceralia, que CHA exigió que se retirara para negociar antes con Saica sobre la futura propuesta que permita que esos suelos del barrio del Picarral dejen de ser industriales. PP y Ciudadanos (Cs) lo apoyaron, el PSOE se puso del lado de ZeC.

Imposible encontrar una lógica que explique lo que pasa en el salón de plenos. Todos se acusan de faltar a la palabra dada, pero si ya se rechaza hasta a una normativa como la de la estética urbana, tan consensuada, nada está a salvo a partir de ahora. Porque no hubo ni una queja al contenido. Al revés, Betrán recibió elogios de todos. Pero solo Leticia Crespo, de CHA, mantuvo al margen la tensión política: «Lo vamos a apoyar por no jugar al os jodéis de algunos miembros de su Gobierno», manifestó. Y pidió a Muñoz que «lidere la vuelta a la normalidad democrática». Necesitaban 5 votos más porque la aprobación requería de mayoría absoluta.

Entonces, Alberto Casañal, de Cs, dijo abstenerse porque «hay que terminar este gran trabajo» y «dada la situación política, pedimos recuperarlo cuando recobremos la democracia». La socialista Lola Ranera, aseguró que la ciudad «no se resiente por esperar un mes más», pero que estaría aprobada si se hubiera presentado «antes del 9 de febrero», cuando ZeC dio «un golpe autoritario» en las sociedades. Le ofreció aprobar la normativa en el pleno de mañana si hoy ZeC rectificaba.

Pedro Navarro, del PP, acusó a Muñoz de faltar a su palabra «peatonalizando de facto calles sin contar con el resto». Así justificó su voto en contra, pero añadió «que ha querido separar de la polémica (de las sociedades) y ponerse el traje de sofista griego». Betrán asistía resignado a la retirada de su «excelente trabajo».