Se acabó el via crucis particular de las fincas para bodas de Zaragoza que, construidas en suelo no urbanizable o de especial protección, estuvieron al borde del cierre cuando el ayuntamiento, en febrero del 2017, acordó declararlas ilegales por no tener regularizada su situación. La licencia urbanística que legalizara su instalación y su actividad requería de una nueva normativa que hoy, doce meses después de saltar la polémica, se somete a votación en la Comisión de Urbanismo del consistorio.

Sería una sorpresa mayúscula que no obtuviera la mayoría necesaria en la votación, ya que los técnicos y responsables del área han trabajado junto a las fincas afectadas para fijar una norma que permita exportarla a todas las ubicaciones presentes y futuras de características similares. Y el resultado es que solo podrán entrar en esta regulación aquellas que la edificación presente en sus terrenos date de antes de 1959, y que la superficie dedicada a estos usos no supere los 10.000 metros cuadrados. Eso salvó a 6 de las 12 señaladas en el 2017.

Desde la Asociación ProRusticae, que agrupaba a varias de estas fincas, celebraban que se vaya a aprobar, aunque apostillaron que «se podía haber hecho todo de otra manera menos gravosa» para sus intereses. Entre otras cosas porque, con la incertidumbre, este año pueden haber perdido «el 50% de los eventos que se celebraban en un año normal». Pero, al menos por su parte, están dispuestos a pasar página.