Con las reformas legales que introduce el PP en la Ley de Evaluación Ambiental emergen los perfiles de su nueva estrategia trasvasista, basada en la mercantilización de los derechos concesionales, lo que supondría de facto la privatización del agua.
En el 2008, el Ministerio de Medioambiente me encomendó coordinar un informe que valorara la aplicación durante la sequía 2004-2006 de las nuevas figuras de contratos de cesión y centros de intercambio. Ambas opciones habían sido introducidas por el Gobierno del Sr. Aznar, en su reforma de la Ley de Aguas, al considerar que "la experiencia de la intensísima sequía" de los noventa imponía la necesidad de buscar "soluciones alternativas" que permitieran "flexibilizar el sistema concesional". De esta forma, en ciclos de sequía, los llamados "contratos de cesión" permitirían negociar la compra-venta de derechos concesionales, de forma coyuntural y mientras durara la emergencia. Aunque esos contratos debían ser validados luego por la Administración, lo cierto es que, en plena emergencia, ese visto bueno se acabó dando sistemáticamente, sin evaluar las consecuencias sociales y ambientales de esas transferencias.
En nuestro informe oficial del 2008, nunca publicado, reseñamos los graves errores y abusos cometidos en la ejecución de los contratos de cesión firmados entre comunidades de regantes del Tajo y de Murcia (en concreto entre los Regantes del Canal de Estremeray el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura; y entre el Canal de Aves y la Mancomunidad de Canales del Taibilla), usando las infraestructuras del Trasvase Tajo-Segura. En dicho informe insistíamos en que, a la vista de estas experiencias, se podía "socavar el dominio público, reforzar tendencias de patrimonialización privada de las aguas y derivar en una degradación de los principios del sistema concesional y del interés general". Se destacaba, por otro lado, la ausencia de evaluación de impactos ambientales y de daños a terceros en la cuenca cedente. Y por último, se denunciaba la exención de pago por el uso de las infraestructuras del Trasvase Tajo-Segura (Real Decreto-Ley del 2006). Así, bajo el argumento de no encarecer la operación, cerrada en 0,20 euros / m3,se facilitó el trasvase de estos caudales, comprados por los regantes de Murcia a los del Tajo.
AQUEL informe oficial al Gobierno,no solo ha sido ignorado, sino que nuestros peores vaticinios de entonces se ven hoy confirmados en esa nueva estrategia trasvasista del Gobierno, que se puede resumir en cuatro puntos:
1- Levantar la excepcionalidad (en sequía) de esas transferencias para consagrar la mercantilización generalizada de los derechos concesionales.
2- Promover las infraestructuras de trasvase que permitan ejercer el libre mercado de esos derechos entre regantes y usuarios en general de unas y otras cuencas
3- Centralizar el visto bueno de esos trasvases en la Dirección General del Agua, sin pasar siquiera por el preceptivo debate en las Cortes.
4- Priorizar los caudales trasvasables sobre posibles usos en la cuenca cedente, limitando para ello desde Madrid,en caso de sequía, la disponibilidad máxima de caudales en dicha cuenca.
En la medida que no hay dinero, no se acometerá de momento obra alguna; pero se está avanzando de forma decidida en la arquitectura normativa y legal de esta estrategia trasvasista, basada en la comercialización de los derechos concesionales, que no es sino una forma encubierta, pero efectiva, de privatizar el agua. Desde Aragón, más allá de impugnar ante el Tribunal Constitucional el nuevo proyecto de Ley de Evaluación Ambiental, deberíamos preguntarnos por el pretendido "interés general" de obras antieconómicas, como Biscarrués, o del temerario recrecimiento de Yesa, proyectos ambos justificados sobre la base de generar nuevos derechos concesionales en Bardenas y Monegros, que luego podrán venderse a otros regantes o especuladores a lo largo del litoral mediterráneo -En Murcia ya se habla de conversaciones con regantes de la cuenca del Ebro, que prometen producir negocios tan interesantes como los firmados con los regantes del Tajo-
El 21 de marzo (viernes), víspera del Día Mundial del Agua, la Red Agua Pública de Aragón (RAPA), convoca una manifestación en forma de Río contra la Privatización del Agua. Más allá de privatizarse los servicios de agua y saneamiento, está en marcha la privatización de los ríos-
