El consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, explicó ayer en las Cortes que el nuevo mapa de concesiones del transporte por carretera se adjudicará por zonas, pero en contra de lo que se había anunciado, el departamento ha desechado la idea de una gestión conjunta del transporte regular con el autobús escolar dentro de estos límites.

Soro también reconoció ayer que, aunque nuevas concesiones deberían entrar en vigor el 1 de enero del 2018, el pliego de condiciones no estará listo en esa fecha, porque prefiere «hacerlo bien que hacerlo en plazo».

Después de analizar el informe elaborado al respecto por la consultora Deloitte para el anterior Gobierno (que en otra ocasión Soro calificó de incompleto por no incluir un estudio de campo), y el realizado por la Universidad de Zaragoza y la asociación de Transportes de Viajeros en Autobuses, el Ejecutivo todavía buscará una asistencia externa para evitar que las concesiones «acaben en los tribunales».

Por ahora, y tras mantener reuniones con empresas, comarcas y ayuntamientos, el consejero indicó que el cambio de postura pretende garantizar la conservación de los puestos de trabajo que actualmente generan las pequeñas y medianas empresas rurales o la gestión conjunta del transporte regular y el escolar.

nueva realidad / La redacción de este pliego de condiciones para la asistencia técnica saldrá a licitación por 300.000 euros en cuanto se aprueben los presupuestos de Aragón, y a partir de ese momento se dará un plazo de 18 meses para los pliegos.

El actual mapa concesional, según Soro, data de los años 60 y no responde a la actual realidad de Aragón, con lo que el nuevo supone una «gran oportunidad de hacer las cosas bien». Por ahora se barajan cuatro fórmulas para prestar el servicio: concesiones, contratos-programa, concesiones estatales e integración con las rutas escolares.

Las primeras, con 207 rutas, transportan a 6,2 millones de viajeros al año (el 88% del total) y son subvencionadas con 1,5 millones de euros, mientras que los segundos cubren 108 rutas y aunque «solo» transportan a 62.000 viajeros (el 1%) tienen un coste de 1,14 millones de euros. Las 141 rutas estatales, que también están caducas, dan servicio a 720.000 viajeros (el 10%) y suponen 350.000 euros.

Finalmente, las rutas integradas con el transporte escolar (84 de las 510 que gestiona el Departamento de Educación) solo transportan al 0,5% de los viajeros, un porcentaje «absolutamente insignificante», según reconoció el consejero.

Respecto a las empresas, 37 operan en el territorio aragonés, pero solo seis aglutinan el 77% de los kilómetros y el 90% de los pasajeros.

El diputado de Podemos Nacho Escartín, que solicitó la comparecencia, insistió en la necesidad de «mejorar el derecho al transporte de los aragoneses sin perjudicar a las pequeñas y medianas empresas familiares del territorio», y se ha interesó por el papel de los taxis en el transporte discrecional. Soro reconoció que no se ha estudiado todavía, pero que lo tendrán en cuenta.