El consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, ha pedido ya la autorización al Departamento de Hacienda para activar el concurso para el nuevo convenio del transporte sanitario urgente, ya que se va a denunciar el actual por las deficiencias detectadas. El contrato actual está prorrogado pero ya se trabaja en el proceso para adjudicar de nuevo el servicio, dijo ayer Celaya en las Cortes.

El consejero aseguró haber realizado un análisis de las necesidades asistenciales, del incremento presupuestario que va a suponer y de incluir cláusulas para reforzar la protección de los trabajadores.

Por su parte, Carlos Gamarra, de Podemos, y Carmen Susín, del PP, preguntaron por ese asunto a Celaya en el pleno, donde mostraron su preocupación por las malas condiciones en las que se presta el servicio y por las «inadecuadas» condiciones laborales de los trabajadores.

Respecto a esto último, Celaya dijo que lo único que puede hacer el gobierno es exigir el cumplimiento del contrato, puesto que la Administración autonómica tiene «poco margen de maniobra», más allá de exigir el cumplimiento de las normas. «Pero si durante la vigencia del contrato cambia el convenio colectivo y se aprueba una variación retributiva, es la empresa adjudicataria la que debe hacerse cargo de ello», expuso.

Además de incumplimientos laborales, el servicio de transporte sanitario urgente tiene carencias en cuanto al número de bases operativas, falta de material o demora en los tiempos de respuesta, indicó Gamarra.

Susín agregó que además de tener el contrato prorrogado «de forma agónica», las condiciones de los vehículos, equipamientos y medicinas no son adecuadas, y muchas veces una sola persona se encarga del transporte, sin nadie por tanto que acompañe al paciente dentro de la ambulancia. Por eso, estima que los 5 millones que prevé el borrador de presupuestos para este convenio son «insuficientes».