La Dirección General de Turismo remitió ayer a los miembros del Consejo Territorial de Turismo el nuevo texto del proyecto de Decreto Reglamento de Casas Rurales en Aragón que recoge muchas de las alegaciones presentadas al mismo, que han sido en total 37 aunque muchas de ellas eran idénticas. El objetivo es que el próximo 9 de mayo, día en el que se celebra una nueva reunión del consejo, se pueda exponer y comentar el conjunto del decreto para avanzar en la tramitación previa a la aprobación de esta norma, que actualiza un decreto de 1997 obsoleto.

La directora general de Turismo, Marisa Romero señaló que «los cambios siempre generan intranquilidad, pero es obvio que no se va a cerrar ninguna casa rural existente», aunque también es preciso que, después de 20 años, se adapte la normativa a los cambios turísticos y a las nuevas expectativas de los visitantes.

También recordó que no tiene carácter retroactivo, de manera que las casas rurales abiertas en estos momentos se reclasifican directamente como una espiga, si actualmente son básicas, o tres espigas si actualmente son superiores. Aquellas casas rurales que deseen aumentar la categoría de su alojamiento sí deberán acogerse a la nueva normativa y cumplir los criterios y requisitos contemplados en este decreto.

En el conjunto de Aragón, a 31 de marzo del 2018, hay inscritas en el registro de Turismo de Aragón un total de 1.556 casas rurales, de las que 756 son de categoría básica (48,6 %) y 800 de categoría superior (51,4 %). Las casas rurales se podrán clasificarán en cinco categorías representadas por espigas, con lo que se equiparará con otras comunidades y en otros países para que «los visitantes, al igual que ocurre con las estrellas en los hoteles, conozcan las características de los alojamientos que contratan».

Entre las novedades que recoge este nuevo borrador se determina que las casas rurales podrán estar ubicadas, tal y como plantean las comarcas, en asentamientos tradicionales de hasta 2.000 habitantes, mientras que en el primer borrador recogía 1.000 habitantes.

La directora general explicó que una de las cuestiones que más dudas ha generado en el sector ha sido la cuestión de la accesibilidad y señaló que el nuevo texto indica que tendrán que cumplir con los criterios establecidos aquellas casas rurales de nueva inscripción cuando tengan una superficie, en planta no accesible, superior a 200 metros cuadrados útil como alojamiento.