El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha asestado un nuevo revés a la DGA en el proceso judicial abierto ante el colegio concertado Ánfora y las propias familias. En esta ocasión, el juez ha desestimado un recurso presentado por el Ejecutivo, que cuestionaba, a través de sus servicios jurídicos, la legitimidad de los padres para tomar parte en el proceso y la firme disposición de estos a forzar la apertura del centro a pesar de que el Gobierno, a través de un procedimiento administrativo, la rechazó por cuestiones de seguridad.
La resolución del recurso presentado por la DGA ante la sala de lo contencioso falla a favor de los padres, a los que considera parte legítima para interponer esa denuncia ante el TSJA y otorga cinco días a la Administración, a la que condena a hacerse cargo de los costes, para rectificar.
A finales del pasado mes de enero, el TSJA también rechazó dos recursos de la DGA contra los autos de medidas cautelares que autorizaron la apertura provisional del centro y la validez del convenio. La Fiscalía ya había archivado las denuncias por presuntas irregularidades presentadas tanto por la DGA como por la Plataforma anticonciertos.
CIERRE DE AULAS Las familias ha incluido en los mismos autos un nuevo recurso contra la decisión del departamento de cerrar tres aulas --dos en Infantil y una en Primaria-- en el colegio, que abrió en septiembre del 2015 como centro concertado, con 154 alumnos de 1° de Infantil a 2° de la ESO y 12 aulas concertadas.
Los padres de los alumnos reclaman ahora que se dé marcha atrás en esa decisión del Gobierno y que el Ánfora recupere las dos vías inicialmente previstas.
En la actualidad, la relación de la cooperativa con Educación no existe a nivel institucional después de la gran polémica suscitada a raíz del acceso al poder del actual Ejecutivo, cuya primera decisión fue no autorizar la apertura del colegio ni permitir su concierto apelando a problemas graves de seguridad, a pesar de que el centro había participado en el proceso de admisión de alumnos.
Sin embargo, la Justicia permitió su apertura de forma provisional y los niños a los que la DGA había reubicado en otros centros pudieron escolarizarse en el colegio concertado Ánfora, que continúa su actividad diaria con normalidad.
