El Justicia de Aragón ha vuelto a cargar contra el Gobierno de Aragón por su actuación en materia de dependencia e insiste en advetir de posibles intervenciones judiciales contra la demora de la Administración a la hora de dar prestaciones a dependientes.
En este caso, Fernando García Vicente se refiere a un retraso de tres años en la aprobación del Programa Individual de Atención (PIA) a una menor de edad que fue reconocida con el grado 2 nivel 1 de dependencia en el 2012 y que sigue sin tener el PIA..
El Justicia indica que ya denunció esta situación hace un año y que, en noviembre del 2014, la DGA respndió que el PIA estaba "en fase de propuesta para percepción de prestación económica para cuidados en el entorno familiar" y que el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) notificará "en el momento que pueda acometerse el pago de la prestación, no pudiendo determinar en este momento la fecha exacta".
Ante la insistencia del Justicia, que pidió a la Administración un "esfuerzo" al tratarse de una menor (15 años), el pasado 27 de marzo obtuvo una nueva respuesta en la que "simplemente se informaba de que el estado del PIA continúa en fase de propuesta para percepción de prestación económica para cuidados en el entorno familiar, y le informamos que desde la Dirección Provincial del IASS en Zaragoza se realizará notificación en el momento que pueda acometerse el pago de la prestación --277 euros--, no pudiendo determinar en este momento la fecha exacta".
Por ello, la institución apela a recientes sentencias en Murcia u Orense que han actuado contra la "inactividad" de la Administración. Ambas resoluciones obligan a las Administraciones. "Pese a que ambas resoluciones no se refieren a Aragón, no por ello deben perderse de vista, ya que, en su caso, promovida la correspondiente responsabilidad administrativa, podrían nuestros órganos judiciales emitir pronunciamientos análogos" y da un mes a la DGA para que responda a su petición.
