Cinco días después de que el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón decidiera sacar a concurso el Servicio de Asistencia a Mujeres (SAM) --que prestaban los colegios de abogados-- ya ha surgido el primer problema en el rendimiento del mismo, que la DGA ha adjudicado directa y temporalmente a Atenzia. Ocurrió anteayer, en la localidad oscense de Fraga, cuando la víctima de los golpes de su hijo pidió asistencia jurídica y se le denegó. La DGA lo justifica por entender que ya no le correspondía al no llamar al teléfono de esta institución e interponer denuncia en la Guardia Civil, mientras que el coordinador de violencia de Huesca, José María Orús, lo califica de ser una "excusa".

Eran las 10.30 horas cuando el Juzgado de Instrucción número 1 de Fraga comunicó al servicio de guardia de violencia del Colegio de Abogados de Huesca que una madre se encontraba allí y que solicitaba el asesoramiento previo a la ratificación de la denuncia en sede judicial y el acompañamiento por un abogado. En ese mismo momento, según un parte de incidencias al que tuvo acceso EL PERIÓDICO, el letrado designado comunicó que no podía atender dicha solicitud porque el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) había roto la relación contractual con su colectivo.

LLAMADA La secretaria judicial, a las 11.00 horas, se puso en contacto con el IAM y este organismo le indicó que ellos se encargaban de todo, pidiéndole los datos de la agredida. Es a las 13.40 horas cuando el coordinador del servicio llama al juzgado para interesarse por la resolución de la solicitud, pero desde el IAM no dan señales, lo que motiva que la secretaria judicial vuelva a llamar a la DGA.

Es en ese momento, según este informe, cuando el IAM indica el teléfono de la abogada que ahora está al frente del servicio, con quien se ponen en contacto. La respuesta es que ella solo proporciona asesoría jurídica previa a la denuncia y que no va a trasladarse a Fraga para atenderla, ya que, si quiere ser asistida tendría que costearlo ella.

Ante la carencia de medios económicos, desde el propio Juzgado de Instrucción número 1 de Fraga se le indicó a la mujer que solicitara el servicio de justicia gratuita.

La víctima, tras más de tres horas en dependencias judiciales a la espera de noticias sobre la línea de atención inmediata del IAM, se dirigió de vuelta a su domicilio con unos impresos a rellenar y, tal y como se señala en el parte de incidencias, sin haber recibido la atención próxima.

Desde el Ejecutivo autonómico se dió el visto bueno a la actuación de la empresa Atenzia --encargada de atender el teléfono 900.504.405-- hasta que se licite la concesión del servicio. Tal y como adelantó este diario, esta firma comenzó a buscar letrados en febrero para un servicio idéntico al ahora privatizado, a través del portal Infojobs.

RESPUESTA Fuentes gubernamentales resaltan que el turno de guardia de violencia doméstica cubre la primera asistencia y la primera denuncia, así como la presencia de letrado cuando se vaya a tratar una orden de protección. En este caso, apuntan, esta mujer "no llamó al teléfono y puso la denuncia antes de que se pusiera en marcha el protocolo". Ante ello, aseveran, es el turno de guardia de abogados el que tiene que actuar.

Para el letrado Orús, esta versión es "una vergonzosa excusa". "Hacen una lectura del protocolo que no es la que se ha aplicado en 20 años, antes de todo hay que asistir a alguien que te pide ayuda", recalca.