Infraestructuras sobredimensionadas, incluso seis veces más caras de lo necesario para una población equivalente mucho más elevada de lo necesario, un impuesto que se paga sin haber visto construido prácticamente ninguna obra e incluso posibles presiones para aceptar un plan, el de depuración, que era excesivamente grandilocuente para las necesidades reales de los municipios pirenaicos. Estas fueron algunas de las conclusiones que los miembros de la comisión que investiga posibles responsabilidades políticas en el plan de depuración pudieron extraer tras oír a siete alcaldes de localidades pirenaicas cuya experiencia respeco al plan es profundamente negativa. Solo el exalcalde de Biescas, Luis Estaún, definió como «una historia de éxito» la construcción de la depuradora que abastece su localidad y otros núcleos urbanos cercanos, para una población equivalente de 12.000 habitantes.
Dejando a un lado la «historia de éxito, la versión que dieron los alcaldes de Canfranc, Bielsa, Plan o la alcaldesa de Sahún distan mucho de alabar un modelo racional y compensado. Algunos testimonios no estuvieron exentos de tensión con los diputados que interpelaban. El alcalde de Canfranc, Fernando Sánchez, tuvo un pique con el diputado del PP Fernando Ledesma. Este le comentó si le parecía solidario que Zaragoza tuviera que pagar el ICA, y el alcalde de Canfranc le recordó «la solidaridad de los vecinos de la montaña que tienen muchos terrenos inundados para que puedan beber en el llano, o está plagado de infraestructuras hidroeléctricas». Ledesma le inquirió diciendo que las preguntas las hacía él y en otro momento, Sánchez se sintió aludido por una pregunta y dijo no recordar el contenido de un convenio «porque soy alcalde de un pueblo pequeño y trabajo muchas horas firmando muchos convenios».
Sánchez indicó que su localidad está muy «afectada» por no tener depuradora y ser sancionada por Europa y además pagar el ICA. Recordó que los técnicos no hicieron caso a las recomendaciones e intentaron construir la depuradora en un terreno no apto, como luego demostró una riada que se la llevó por delante.
El jefe de servicio de la comarca de Jacetania, José Luis Bartolomé, insistió en la «sobredimensión de unas depuradoras» que en el caso de Jaca hace que paguen 2,4 millones por una gestión que en realidad vale 400.000. Puso el ejemplo de Navasa, localidad de 40 habitantes para la que se proyectaron depuradoras de 190.000 euros cuando habría valido con una fosa séptica de menos de 3.000 euros. Proyectos «inejecutables», dijo, al tiempo que cuestionó la proyección de población que se hizo en todos los municipios pirenaicos, cuando la realidad es qu apenas han crecido.
Tensa fue la comparecencia del exaldalde de Plan, José Fantova, de CHA, quien no dudó en reconocer que se sintió amenazado por el Instituto Aragonés del Agua y dijo desconocer si había un interés «especial» por hacer obras más caras de lo necesario. De hecho, se sintió presiona do si no aceptaba construir una depuradora de más de un millón de euros cuando se podía hacer por 300.000. La diputada del PAR, María Herrero, indicó que sus palabras podrían ser constitutivas de delito, por lo cambió la palabra «amenaza» por la de presiones, y si bien dijo que desconocía si había algún interés especial por hacer un plan tan sobredimensionado, sí reiteró que le llamaba la atención la insistencia con la que desde el Instituto Aragonés del Agua se exigía la construcción de obras de más calado del necesario.
Esas presiones, indicó Fantova, consistían en decirle desde este organismo que el municipio perdería todas las ayudas del Gobierno de Aragón. Estas presiones fueron personalizadas en la figura del máximo responsable del Instituto Aragonés del Agua, Alfredo Cajal. También lo indicó así el excalde de Bielsa Antonio Escalona quien también dijo que para su municipio se proyectó una depuradora de más capacidad y más coste del necesario. También reconoció esas presiones, incluso en forma de carta recibida en el 2012. Consideró que si otros municipios firmaron el plan fue por temor a represalias o por presiones políticas.
La alcaldesa del PAR
También mostró su rotunda oposición al plan la alcaldesa de Sahún, pequeño municipio de 130 habitantes que en los últimos tres años ha perdido 80 vecinos. La peculiaridad es que esta alcaldesa, Lourdes Ascaso, pertenecía al PAR, el mismo partido del que surgió el proyecto de depuración. Pero, como insistió ayer, ella se debía a «los intereses de los vecinos y del pueblo» y por eso mostró su rechazo a un plan irracional que introducía una inmensa tubería por zonas en las que no cabía o incluso que pasaban por lugares en los que no se depuraba, como la escuela de Guayente.
La depuradora de este pequeño municipio estaba proyectada para 600 personas con un coste de 80 millones en 20 años, a pesar de que se planteraro propuestas más asequibles, de 11.000 euros por año, que sí podía asumir un municipio que cuenta con un presupuesto anual global de apenas 400.000 euros.
Desde el 2011, esta alcaldesa intenta desvincularse del plan y rescindir el contrato, ya que actualmente las obras están adjudicadas, y el coste de salirse del plan de depuración ascendería a 250.000 euros. Ascaso denunció que lleva siete años presentando alternativas y propuestas más asumibles que, sin embargo, no han sido atendidas.
Otro municipio damnificado es Benasque, cuya estación se licitó a Aguas de Valencia pero nunca se construyó, a pesar de que también pagan el impuesto. El alcalde de la localidad, José Ignacio Abadías, consideró que la crisis económica y los problemas de las empresas impidieron la construcción de la depuradora, para perjuicio del municipio y sus núcleos.
En definitiva, ayer se evidenció en una radiografía que el plan nació con una premisa con la que, años después, se paga por un servicio que ni siquiera se presta con efectividad en la mayoría del Pirineo.
