Obras Públicas pone en marcha un proceso de participación técnica para modificar la Ley de Urbanismo de Aragón

La directora general de Urbanismo del Ejecutivo autonómico, Pilar Lou, ha presidido un primer encuentro con colegios profesionales de arquitectos, ingenieros y registradores, así como con representantes de los ayuntamientos de Zaragoza, Huesca y Teruel, de las diputaciones provinciales de Zaragoza, Huesca y Teruel, además de la Universidad de Zaragoza, la Confederación Regional de Empresarios de Aragón y miembros del Gobierno de Aragón.

Lou ha explicado que desde el Departamento se han barajado varias opciones, como elaborar una nueva ley, recuperar una antigua o modificarla vigente, ha informado el Ejecutivo autonómico en una nota de prensa.

Finalmente, "dada la situación económica y social, lo mejor nos ha parecido modificar la ley vigente". El objetivo de la reforma es simplificar la normativa para que su aplicación sea ágil y eficaz, especialmente por los pequeños municipios, y adaptarla al actual contexto económico, social y normativo.

La directora general de Urbanismo ha resaltado "el trabajo participativo que se ha abierto en este periodo, en el que se ha convocado a 18 organizaciones para que colaboren y aporten todos sus criterios y opiniones", ha subrayado.

Pilar Lou ha abogado por una participación constructiva y ha indicado que han entregado a estas organizaciones un documento distribuido en fichas "con cada uno de los cambios, con las modificaciones y las justificaciones de cada articulo y la posibilidad de que estas entidades puedan asumir esos cambios o alterarlos, justificando, a su vez, la propuesta que ellos hacen".

Este proceso de participación es previo a la redacción del anteproyecto definitivo, tiene carácter técnico y se realiza con entidades y organizaciones que puedan aportar sus propias líneas de reforma y alternativas a las planteadas a modo de propuesta, han apuntado las mismas fuentes.

Principales líneas de reforma

Las principales líneas de reforma que quiere llevar a cabo el Ejecutivo autónomo son clarificar el texto "por excesiva complejidad de la regulación anterior", adecuar el texto al marco normativo y "simplificar" la tramitación y "clarificar" la intervención de cada uno de los agentes.

En concreto, quieren coordinar y simplificar los procedimientos administrativos; distribuir "claramente" las competencias de cada uno de los actores con responsabilidad en urbanismo; "reforzar" la autonomía municipal y reconducir la intervención del Gobierno de Aragón hacia la mejora de los instrumentos y procedimientos de planificación y gestión, así como la protección de los valores de interés supramunicipal, y mejorar la información urbanística.

Otra de las líneas de modificación se refiere a medidas en materia de gestión urbanística, como disminuir la "complejidad y el exceso" de intervención administrativa en los sistemas de gestión urbanística; fomentar la rehabilitación, y clarificar el papel del propietario del suelo.

Asimismo, la reforma quiere diferenciar el papel de la Comunidad autónoma en el ámbito de las grandes ciudades y en el medio rural, "limitar el intervencionismo no justificado" y propiciar el desarrollo de iniciativas controlando su legalidad.

Igualmente, pretende adaptar las cargas urbanísticas a las necesidades de cada municipio y adecuar la urbanización al proceso de edificación.

Otras medidas

Estas medidas se suman a las ya incorporadas en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad, que se tramita en la actualidad en las Cortes de Aragón, y que incluye como uno de sus principales ejes la reintroducción de la figura de las Delimitaciones de Suelo Urbano en el actual escenario normativo "como figura suficiente para aquellos municipios sin dinamismo".

Además, contempla la supresión de la aplicación automática de la figura del agente urbanizador, "para que sea el municipio el que elija el sistema más adecuado"; propiciar que sean los propios municipios los que adopten determinadas decisiones, como la elección del sistema de gestión adecuado al municipio y el establecimiento de los ritmos adecuados para completar la urbanización y edificación de los suelos ya clasificados; y medidas para que el ritmo de la urbanización se adapte a las posibilidades reales de edificación.