La Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción podría estar en funcionamiento en Zaragoza «en dos o tres meses». Así, en el mejor de los escenarios, podría estar operativa este próximo verano, a la espera de lo que resulte del debate político que se abrirá ahora en mayo. De momento, el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) aprobaba ayer el reglamento que va a regir su actividad, tras concluir sin alegaciones el proceso de participación abierto a finales del año pasado con varios colectivos del tejido social.

Ahora el documento se llevará a la próxima Comisión de Economía y Cultura, recibirá los votos particulares que estimen oportunos los partidos de la oposición. Tendrán 15 días para hacerlo, antes de decidir si se aprueba o no, llevarlo al pleno de mayo y abrir un periodo de información pública en el que los ciudadanos también podrán alegar. Así, a finales de junio su aprobación podría ser definitiva y empezar a funcionar en julio.

No obstante, solo la discusión política puede demorar una herramienta que, políticamente, todos los grupos municipales han solicitado o apoyado durante este mandato. Ha tardado casi tres años en alcanzarse un documento inicial y, tras este proceso participativo, ya se conocen algunas de sus características este nuevo órgano que, según aseguró el portavoz del Gobierno de ZeC y responsable de Economía, Fernando Rivarés, «tendrá autonomía». De hecho, dependerá única y exclusivamente del pleno pero estará operativa con libertad de movimientos y con independencia de quien gobierne la ciudad.

CONFIDENCIALIDAD

En este sentido, el edil de ZeC destacó que su misión será «alertar e investigar el uso ilícito del dinero público, las posibles incompatibilidades y conflictos de intereses de los cargos públicos o el aprovechamiento privado de información obtenido en el desempeño de sus funciones» dentro del propio ayuntamiento. Y que puede actuar de oficio o a raíz de denuncias que podrá presentar cualquier ciudadano que se dirija a esta oficina, con el compromiso de garantizar siempre la confidencialidad de la persona que alerta de tales irregularidades y de las actuaciones que ponga en alerta. Aunque es importante saber que ninguna denuncia podrá ser anónima.

Otro de sus objetivos será fomentar la transparencia de la propia Administración y ejercer una labor preventiva, en el sentido de establecer códigos de buenas prácticas que fomenten la ética pública y la integridad» de los miembros del consistorio. Además, dentro de esta oficina municipal también se va a gestionar el registro de declaraciones de bienes patrimoniales y de actividades, «y podrá investigar los incrementos que se produzcan» así como a «familiares» del cargo investigado.

NOMBRAMIENTOS

Por otra parte, faltará por decidir en los próximos meses quienes se encargarán de desarrollar el buen funcionamiento de este órgano. Por un lado, quién será la persona escogida para dirigirla. En este caso, el reglamento establece que deberá ser el Gobierno de ZeC el encargado de proponerlo al resto de partidos. Aunque no será un nombramiento directo, ya que deberá contar con el beneplácito de las tres quintas partes del pleno, esto es de al menos 18 o 19 votos a favor de los 31. Esta será «de reconocida trayectoria democrática y de prestigio que no podrá estar afiliada a ningún partido político, sindicato o asociación empresarial», explicó el Gobierno. Rivarés, por su parte, aseguró que ZeC no está barajando todavía ningún nombre para ese puesto, que saldrá de Alcaldía.

Este responsable contará con un consejo asesor de un máximo vocales, designados también por tres quintas partes también pero del Consejo de la Ciudad. Y la elección será entre personas de reconocida trayectoria en la lucha contra la corrupción.