El Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado hoy una moción de CHA relativa a las cláusulas suelo hipotecarias que ha acordado por unanimidad la puesta en marcha de una campaña a través de las oficinas municipales de consumo para asesorar a los afectados en la recuperación de lo abonado por estas cláusulas.

Así, el Gobierno de Zaragoza realizará las gestiones necesarias para acordar con el Colegio de Abogados de Zaragoza la colaboración necesaria para la defensa jurídica de estas personas, para la eliminación judicial de las cláusulas suelo de sus préstamos hipotecarios y la devolución de las cantidades abonadas a las entidades bancarias indebidamente por este concepto.

Aunque con el voto en contra del PP, también se ha acordado solicitar a las entidades financieras ubicadas en la ciudad a la anulación inmediata de las cláusulas suelo de los contratos hipotecarios que tienen suscritos en este término municipal, así como la devolución de lo "injustamente" cobrado de más.

Así como exigir al Gobierno Central a modificar el real decreto para que introduzca la consideración de las cláusulas suelo como abusivas y la normativa necesaria para lograr la solución extrajudicial de los conflictos y agilizar las devoluciones de las cláusulas suelo para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Europeo que declaró, recuerda CHA, "no solo la abusividad de las cláusulas suelo, sino la obligación de devolver todas las cantidades cobradas de más".

Una sentencia que "ha generado alivio en lo consumidores y estupor en la banca", como ha apuntado el portavoz de CHA, Carmelo Asensio, en la defensa de la iniciativa.

Asensio ha justificado la moción por considerar que el real decreto es "una trampa" porque no contiene medidas coercitivas para obligar a los bancos a devolverlo, salvo Bankia y BNM que han anunciado que lo van a hacer.

Una decisión del Gobierno que "va a permitir que no se vayan a devolver; si no ¿por qué la última palabra la tiene la entidad bancaria?", se ha preguntado el edil, para quien el decreto ley es la "tercera estafa" a los consumidores, "la primera cuando se les coló, la segunda cuando se obligó a los que se dieron cuenta a firmar que no iban a reclamar judicialmente y la tercera la que va a permitir que no se devuelvan".

Ángel Lóriz, del PP, ha lamentado que no se haya tenido en cuenta a los "grandes olvidados" como los autónomos y pequeñas empresas, por los que se puede hacer algo desde el ayuntamiento, y ha criticado que "la izquierda siempre llega tarde", en alusión a la negación de la crisis durante el Gobierno de Zapatero, cuando, ha advertido, "ya se podía haber legislado".

Para el portavoz de Vivienda de Zaragoza en Común, Pablo Híjar, las cláusulas suelo son una "estafa criminal sin precedentes" que ha sido denunciada desde hace años por distintas organizaciones y que ha derivado en 500.000 ejecuciones hipotecarias, cifras para las que, ha asegurado, hay que remontarse a la Segunda Guerra Mundial.

Según Híjar, la sentencia europea es "meridianamente clara", pero el Gobierno de España "se la pasa por el arco del triunfo y acaba pactando el proceso con la patronal financiera" lo que ha derivado en una ley "hecha a su medida".

De este modo, ha denunciado Híjar, "convierte una obligación legal en el acatamiento de una sentencia y lo deja al arbitrio de la propia patronal financiera".

Desde el PSOE la concejala Marta Aparicio ha asegurado que el real decreto va a agilizar el cobro por parte de los consumidores y aunque ha reconocido que no están "totalmente satisfechos" es "un mal necesario para desbloquear la situación".

Aparicio se ha mostrado partidaria de revisar todas las malas prácticas bancarias pero también evitar que haya cláusulas suelo, que "todas sean entendidas abusivas per se" y regular los préstamos no bancarios para evitar intereses abusivos.

La socialista, más que por una campaña se ha mostrado partidaria de poner en marcha una oficina que asesore a los afectados al estimar que "hay miles de afectados que no van a poder pagarse un abogado", algo que no ha aceptado CHA por considerar que va a ser más eficiente una campaña a través de las oficinas de consumo.

Elena Martínez, de Ciudadanos, ha reconocido no entender por qué cuando suben los intereses se suben las hipotecas pero no cuando se bajan, si bien ha dicho que dos de los puntos que recoge la iniciativa ya se ha tratado en el Congreso y por eso "quizás habría tenido que presentarse antes", aunque ha apoyado la iniciativa.