El consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, admitió que Aragón no dispone de recursos "suficientes" para la aplicación de la Ley de Dependencia, tal y como informó recientemente el Tribunal de Cuentas. "No hace falta que lo diga ese órgano, ya lo digo yo. De hecho, hay 8.000 personas con derecho reconocido esperando a recibir su prestación", expuso el titular del departamento al final de su intervención, ayer, en el pleno de las Cortes, donde, además, recordó al PSOE que esta cantidad de afectados alcanzaba los 9.000 en el 2011, con el anterior Ejecutivo.

Oliván defendió su gestión, centralizada, tal y como impone la reforma de la Ley de Dependencia, en potenciar las prestaciones vinculadas a servicios en lugar de las económicas. Ese "cambio de orientación" es "necesario" según Oliván para que la comunidad no vea mermados todavía más sus recursos, a pesar de que el Estado ha reducido su financiación en un 40% pasando, en un año, de 41 a 25,5 millones de euros.

En este sentido, el consejero reconoció que el actual Ejecutivo concede "menos altas, pero de mayor calidad" e insistió en que apostar por los servicios "significa cumplir la ley, que nació con buena voluntad pero con unas previsiones totalmente erróneas en términos económicos y del número de beneficiarios, e impulsar el empleo".

GUERRA DE CIFRAS Oliván precisó que en el 2013 se dieron 1.677 altas, el 95% vinculadas a servicios y solo el 5% prestaciones económicas en el entorno familiar. Además, en lo que va de año se han dado 517 altas (el 92% a servicios y el 8% en el entorno familiar) y en mayo se darán de alta a 360 personas más, manteniendo esos porcentajes.

De nuevo, Oliván y la oposición entablaron una guerra dialéctica de cifras en la que el consejero indicó que las prestaciones vinculadas a servicios o la atención en residencias supera en Aragón la media nacional. Por el contrario, el portavoz socialista, Javier Sada, aseguró que las prestaciones vinculadas al servicio en España "han crecido un 36,7% mientras han descendido en Aragón un 30,6%". Asimismo, añadió que "ha caído la atención en residencias" y situó a la comunidad como la que ha quitado más derechos a más personas".

Sada también acusó al Gobierno aragonés de liderar el "desmantelamiento" de la Ley de Dependencia. "Cada cambio que se ha hecho en esta materia ha ido a peor", aseguró el socialista, que subrayó que el Ejecutivo "ha tirado la toalla", como "alumnos aplicados en la demolición" de la ley.

Por su parte, Patricia Luquin (IU) denunció que haya menos presupuesto y beneficiarios y que no se potencien los servicios por falta de planificación y aseveró que la Ley de Dependencia, mientras que Carmen Martínez (CHA) tachó de "inadmisible" la reducción presupuestaria, lo que demuestra la "política de recortes" del Gobierno central y del aragonés "y su falta de sensibilidad para cumplir la ley".

Manuel Blasco, del PAR, apuntó que las deficiencias pasan por la "ausencia de una clara financiación autonómica" y Carmen Susín (PP) apuntó que la ley se hizo "sin garantizar su viabilidad" y criticó que el Gobierno anterior dejara "hipotecado" y "blindado" gran parte del presupuesto de la Dependencia.