En Aragón no hay privatización de la sanidad. Y el que diga lo contrario miente. Es más. Solo busca crear miedo entre la ciudadanía. Así de tajante se mostró ayer en las Cortes el consejero del ramo, Ricardo Oliván. Se defendía de las críticas de las grupos de la oposición que le acusaron de dejar la gestión del servicio en manos de empresas.

Oliván dijo no ser partidario de lo privado "sí o sí". Aunque tampoco aclaró cuál es su modelo de gestión. Se limitó a aseverar que la prioridad es dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía. Y si ante la falta de recursos públicos es necesario recurrir a la colaboración con empresas privadas, se hará.

Como ejemplo puso el futuro hospital de Alcañiz, que no podría hacerse, insistió una vez más, sin la inversión privada. "¿Pueden esperar más los habitantes del Bajo Aragón? Mi Gobierno piensa que no y la única fórmula factible es compartir riesgos con el sector privado", manifestó Oliván. Explicó que la construcción se encomendará a una empresa, así como el servicio no asistencial, pero la gestión "de bata blanca" seguirá siendo "pública", sin dejar de perder su carácter "universal y gratuito". Aprovechó para criticar que los grupos de la oposición generen "preocupación" en los ciudadanos y recordó la "larga lista" de colaboraciones público-privada que impulsó el anterior Gobierno PSOE-PAR.

NEGOCIO El consejero admitió que la sanidad es un "negocio". "No lo voy a negar. Lo es ahora, antes y después, y así lo acreditan los capítulos II, IV y VI del presupuesto de la comunidad autónoma". Los fondos de estas partidas se destinan a la prestación de servicios que corresponden a empresas privadas.

No convenció a la oposición. Aunque admitió que tampoco pretendía hacerlo. La portavoz de CHA, Nieves Ibeas, le preguntó por los informes que avalan que este modelo para el hospital de Alcañiz sea más "barato", a lo que Oliván le contestó que le trasladará el documento oficial cuando esté finalizado, porque ahora son "borradores". Pese a ello su apuesta es clara.

CRÍTICAS También el diputado socialista Eduardo Alonso criticó la gestión del departamento de Sanidad en esta cuestión y lo calificó como una "huida para adelante", que evita el "abismo financiero", solo "a corto plazo".

Por su parte, la diputada de IU Patricia Luquin le exigió que aclare qué modelo de sanidad quiere para la comunidad aragonesa y reiteró que la privatización de los hospitales y centros de salud acaban costando, al final, "más millones de euros públicos" y beneficiando a "unos pocos". ¿Cuánto de canon va a pagar a la empresa por la construcción y por cuántos años? díganoslo", preguntó. No obtuvo respuesta por parte del consejero de Sanidad.

Tanto el PP como el PAR apoyaron la colaboración público-privada, pero el diputado aragonesista Manuel Blasco alertó de que tampoco es la "panacea" y que tiene que estar sujeto a unos límites. Algo en lo que coincidió con Oliván, que aseveró que cualquier gestión delegada en empresas debe estar sometida al control de la Administración autonómica.