El consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Ricardo Oliván, ha dicho hoy que su intención es cumplir "estrictamente" la ley de la dependencia y conseguir que el 60 ó 65 por ciento de los dependientes reconocidos sean atendidos con servicios públicos en lugar de recibir prestaciones económicas.
Oliván ha comparecido hoy en las Cortes de Aragón, en nombre de la presidenta, Luisa Fernanda Rudi, a petición del PSOE, para explicar los motivos de la disminución en Aragón del número de beneficiarios que reciben prestaciones reguladas por la citada ley.
El consejero ha asegurado a este respecto que su objetivo es cumplir la ley, y conseguir que el porcentaje de dependientes con acceso a servicios públicos (plazas de residencia o centros de día, por ejemplo) suba desde el 48 % actual al 60 ó al 65 %.
Así, las prestaciones económicas deben de supone "una excepción", fundamentalmente dirigida a menores entre 6 y 18 años que necesitan atención postemprana y a los mayores del medio rural en cuyos municipios no existen recursos ni han suscrito los convenios para la prestación de ayuda domiciliaria.
Es el caso del Ayuntamiento de Zaragoza, ha recordado que "no ha querido firmar" el convenio para la encomienda de gestión de este servicio financiado con recursos de la comunidad.
El consejero ha dicho también que es necesaria la colaboración "total" de las administraciones públicas "dejando de lado los colores políticos".
Oliván ha rechazado las críticas de la diputada socialista María Victoria Broto, quien ha dicho que Aragón tiene el "triste y cruel récord" de ser la primera comunidad en desmantelamiento de la ley, puesto que el 30 % de los dependientes no tienen ninguna prestación y a 31 de diciembre había 7.023 personas esperando la resolución de su expediente.
Y ha hecho hincapié en el retraso en la resolución de los expedientes que, según el último informe de la Cámara de Cuentas, fue de 473 días de media en 2012 y de 531 en 2013, generando unos retrasos de 19 y 25 millones de euros, respectivamente, y que en diciembre de 2013 existían 10.887 expedientes pendientes de resolución con una antigüedad media de 862 días.
Oliván ha recordado a este respecto que el real decreto de 2012 que modificaba algunos aspectos de la ley estableció un plazo máximo de dos años para esto, que se suman a los 6 meses de plazo normal, con lo que ha justificado que la demora pueda llegar a los 912 días.
También ha hecho referencia a la "herencia" recibida del anterior gobierno socialista, tanto en Aragón como en España, y ha reconocido que la aportación del Estado para financiar la dependencia ha disminuido desde los 75,4 millones en 2009 a los 26 en 2014, a pesar de que la mayor bajada se produjo entre el 2010 y el 2011, cuando bajó de 73,3 a 44,2 millones, según sus datos.
Para Broto, la "herencia" importante va a ser la que Oliván va a dejar al próximo gobierno, con más de 10.000 personas esperando ser atendidas.
La diputada de CHA Carmen Martínez, por su parte, ha insistido en que Aragón no tiene suficiente consignación presupuestaria para atender a la dependencia. "Pero poco les he oído reclamar en Madrid que necesitamos más dinero", ha lamentado.
Para Patricia Luquin, hay una "deficiencia evidente" en el sistema, con falta de oferta en más de la mitad de los servicios, y por eso ha instado a Oliván a "pedir perdón" a las personas que llevan años esperando su prestación o a las familias de quienes han fallecido sin recibirla.
La popular Carmen Susín ha indicado que en la próxima legislatura debería ponerse sobre la mesa el debate de considerar los servicios públicos de verdad como un derecho y no como una cuestión "graciable" por parte de todos los gobiernos.
Mientras que Manuel Blasco, del PAR, ha indicado que la ley, a pesar de ser buena, nació con "serios problemas" de financiación que se han ido arrastrando desde su origen.
