El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, ha dicho hoy que existe un compromiso del Gobierno de Aragón para modificar la ley del impuesto de contaminación de las aguas (ICA), porque este es "mejorable", pero no en la línea de que "paguen unos aragoneses sí y otros no".

Así se ha pronunciado en el Pleno de las Cortes en una comparecencia solicitada por el diputado del PP Ramón Celma, quien ha denunciado el "absoluto desconcierto" y la "chapuza" en la gestión del cobro del ICA.

El impuesto se cobra en Aragón desde julio de 2005. Hasta el 1 de enero de 2014 estaba circunscrito a los municipios con depuradora construida o en licitación, excepto Zaragoza, que financió sus depuradoras con fondos propios.

A partir de esa fecha, se incorporaron al impuesto el resto de municipios, también excepto Zaragoza, para quien se aprobó una excepcionalidad que concluyó el 1 de enero de 2016 con el fin de que este impuesto de finalidad ambiental, según Olona, afectara ya a toda la comunidad a partir de esa fecha.

La decisión generó duras críticas en el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de la capital (en manos de Zaragoza en Común), que demoró, según ha recordado el consejero, la entrega al Instituto Aragonés del Agua (IAA) de los datos del padrón necesarios para poder girar los recibos.

En este sentido, Patricia Luquin, de IU, ha recordado que Zaragoza tiene una depuradora que ya pagó, aunque ha insistido en que en el consistorio están abiertos "a dialogar" sobre un impuesto que a Izquierda Unida "no le gusta" y que quiere modificar y que ahora ha salido a la palestra porque ha llegado a Zaragoza y, por lo tanto, afecta a mucha más gente.

"No digo que no haya que recaudar ni depurar", pero hay que cuestionarse cómo se enfoca este impuesto, que tiene da la sensación, a su juicio, de que se destina a pagar "los pufos" (220 millones en total) del fallido plan de depuración.

Celma, por su parte, ha criticado las dificultades que a su juicio encuentra la ciudadanía en la página web de la gestión del ICA para, por ejemplo, domiciliar los recibos, y ha censurado que el Gobierno de Aragón haya gastado 8.000 euros en una campaña de información para que únicamente 75 personas hayan visto el vídeo relacionado en Youtube, ha dicho.

Dificultades que Olona ha negado, así como que el vídeo haya costado 8.000 euros, puesto que ese es el coste de la campaña completa que ha habido que realizar, "lamentablemente", para "contrarrestar una ceremonia de la confusión premeditada y malintencionada".

Y es que, ha agregado, ha sido cuando Zaragoza se ha incorporado al pago del impuesto cuando han llegado los problemas, ya que el resto de Aragón lleva pagando años el impuesto y "no ha habido ninguna confusión".

Olona ha insistido en lamentar el "proceso de animación a la insumisión fiscal" del Ayuntamiento de Zaragoza y a la presentación de recursos de reposición, 4.000 en total.

Por su parte, Marta de Santos (Podemos), ha mostrado su preocupación, más que por los 8.000 euros de la campaña, por los más de seis millones que tuvo el coste de externalizar el cobro a través de una empresa. "Y eso lo parieron ustedes", ha recriminado al PP y al PAR.

La diputada del PAR Lucía Guillén ha reprochado a Podemos que "apriete" al Gobierno con esta cuestión pero que no presente alternativas, y ha exigido que si se modifica, como está pidiendo Podemos como una de las condiciones para negociar los presupuestos de 2017, "no haya favoritismos".

Para la socialista Isabel García, con este asunto el PSOE solo intenta "meter cizaña" entre los grupos de izquierdas con un impuesto que es de finalidad ecológica y que debe de pagar cualquier ciudadano o empresa que consuma agua. "No es un impuesto con el que cada uno paga la depuradora de su pueblo", ha zanjado.