La Cámara de Cuentas señala que Aragón corre el riesgo de tener que devolver 117 millones de euros al Estado por infraestructuras no realizadas en el Pirineo al amparo de los convenios firmados por el plan de depuración y saneamiento de la comunidad, algo que el consejero de Desarrollo Rural, Joaquín Olona, ve poco probable.
El consejero remarcó que está «convencido» de que esta circunstancia no se producirá. Y quiso dejar claro que las inversiones puestas en duda no son cantidades «desaparecidas» ya que se han invertido en obras relacionadas con el ciclo del agua, aunque no en depuradoras.
Pero en su opinión, lo más relevante es que toda la actuación sobre la que el órgano fiscalizador aragonés ha levantado la sospecha se llevó a cabo en el marco de un convenio con el Ministerio de Medio Ambiente y que por lo tanto «también tendrían responsabilidad en el control de esas cantidades».
Olona insistió también en que el informe de la Cámara ha ratificado la «inviabilidad del plan», tal y como él manifestó «prácticamente al asumir el cargo», lo que le llevó a ordenar la extinción del Instituto Aragonés del Agua (IAA), que está en curso.
«El texto viene a ratificar y a confirmar que este diagnóstico y que las directrices que hemos ido adoptando son correctas», dijo Olona, quien valoró además que el informe va a permitir acelerar mucho más todo el proceso, que tiene componentes jurídicos con los que se debería ser «extremadamente cuidadoso» en defensa de los intereses generales.
