A pesar de que la DGA está dispuesta a negociar «sin ningún límite» sobre exenciones y bonificaciones para el Impuesto de Contaminación sobre las Aguas (ICA), el consejero de Desarrollo Rural, Joaquín Olona, rechazó de plano convertir el tributo en una tasa de gestión municipal como están reclamando los críticos. «Si se cambiara perdería su carácter solidario», aseguró.
En una asamblea abierta organizada por el PSOE para explicar a sus militantes y a la ciudadanía en general la situación actual del polémico impuesto, Olona cargó contra aquellos que buscan «confundir de una forma evidente» y defendió las medidas que desde la DGA se han tomado para mejorar el saneamiento de aguas en Aragón.
El consejero expuso que en el marco de la depuración se han suspendido licitaciones por un importe de 90 millones de euros y que el plan puesto en marcha en la época de Marcelino Iglesias está «en proceso de revisión». También indicó que han iniciado la extinción del Instituto Aragonés del Agua (IAA) para convertirlo en una dirección general conmo «máxima expresión» de su rechazo a las políticas pasadas. «Para analizar lo que sucedió hace años ya existe una comisión de investigación», apuntó.
Respecto a la polémica alentada desde la ciudad de Zaragoza sobre el pago del tributo, indicó que los pagos se están produciendo «con normalidad». Y restó importancia a los más de 10.000 recursos que se han presentado contra el tributo al considerar que no tienen «fundamento jurídico» y que por ese motivo serán rechazados.
Al respecto de la negativa del ayuntamiento de Zaragoza en Común (ZeC) a la hora de informar sobre los consumos de los edificios municipales, aseguró que se trata de una «cuestión administrativa» y señaló que se abrirá en el procedimiento normal ante una infracción tributaria.
Ciclo del agua
La reunión abierta convocada por el PSOE para analizar la actualidad sobre el ICA sirvió para evidenciar el descontento que existe en un sector del partido en la capital aragonesa al respecto del tributo. En su mayoría agrupados en torno a la figura del secretario general de la Unión de Consumidores de Aragón (UCA), José Ángel Oliván. Sus reproches giran en torno al fiasco de los planes de depuración alentados por el PAR. «Este impuesto se ha encarecido tremendamente por culpa de la mala gestión», manifestó Oliván. Otros afiliados de agrupaciones locales se sumaron a las críticas.
El consejero precisó que el ICA es un impuesto ambiental, cuya recaudación va íntegramente dedicada al ciclo urbano del agua y que es «solidario» porque permite llevar a cabo las obras en todo Aragón, particularmente en las zonas más despobladas. También indicó que se implantó por exigencia de las directivas comunitarias y se escudó en que prácticamente todas las comunidades autónomas cobran un impuesto similar.
Olona se refirió al acuerdo al que llegó el PSOE con Podemos para aprobar los presupuestos de este año y que ha supuesto la puesta en marcha de una mesa de debate técnico. «La disposición al diálogo con todos los agentes sociales y políticos es máxima», recordó. Sin embargo insistió en la imposibilidad de derogar el pago del ICA. También insistió en que tienen un margen de tres meses para ofrecer un nuevo modelo a pesar de que Podemos quiera cerrar el debate antes de que acabe febrero.
Más asambleas
La polémica por el tributo sanitario está lejos de acabarse. Al margen de la negociación para la modificación del impuesto y de la investigación sobre las «responsabilidades políticas» de los planes de depuración, la movilización popular sigue siendo intensa. Casi a la misma hora la asociación de vecinos del Casco Histórico celebró una multitudinaria asamblea en el Luis Buñuel para preparar la manifestación del 4 de febrero que discurrirá por Zaragoza.
