La tradicional operación asfalto se traslada al mes de septiembre en Zaragoza, coincidiendo con la vuelta vacacional y el inicio de los colegios. Urbanismo recibió ayer el beneplácito del pleno para destinar 1,5 millones de euros a pequeñas actuaciones en los barrios de la ciudad. Además de la pavimentación de las calzadas, se arreglarán algunas aceras y espacios públicos.

El concejal de Urbanismo, Pablo Muñoz, explicó que, del millón y medio se destinarán 300.000 euros a la operación calzadas. Los trabajos se efectuarán a través de la contrata de asfalto y comenzarán en septiembre. Admitió que no es el mejor mes para hacerlo, coincidiendo con la vuelta de vacaciones y, sobre todo, el inicio del periodo escolar, pero el tiempo se les ha echado encima.

Muñoz explicó que el retraso en la aprobación de las modificaciones de crédito necesarias para trocear la partida inicial ha impedido que los contratos necesarios estén listos para poder comenzar los trabajos de pavimentación la próxima semana.

El consistorio también ha diseñado una operación baldosas. Con una partida de 350.000 euros, y a través de la contrata de obras menores, está previsto que los trabajos se inicien en los próximos días. Desde el ayuntamiento no adelantaron en qué vías se tiene previsto actuar, aunque pretenden dar respuesta a las peticiones de las juntas vecinales.

También se destinarán 850.000 euros a actuaciones en los barrios que se quedaron pendientes en los presupuestos participativos. Según informó Muñoz, se van a invertir entre 60.000 y 70.000 euros por distrito para llevar a cabo trabajos menores en la escena urbana. Por último, la conservación de puentes estará dotada con 35.000 euros.

APOYOS / El concejal logró sacar adelante este proyecto, aunque con dificultades. Solo contó con el apoyo de CHA y C’s. El PP votó en contra y el PSOE se abstuvo.

El portavoz del PSOE, Javier Trívez, explicó que «por coherencia», su formación no iba a apoyar esta modificación de crédito. La razón coincidía con la del PP: hacerlo contradecía su voto a favor a una moción del PP, presentada en mayo y que fue aprobada en pleno, por la que se instaba al Gobierno de la ciudad a licitar, de nuevo, el proyecto de 1,5 millones pero cumpliendo la legalidad, es decir, sin limitar el concurso a empresas de inserción social.

Por esta condición el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón tumbó el concurso, al entender que restringía de forma indebida la competencia y los principios rectores de la contratación pública.

El PP también hizo referencia a la moción. «Presentamos una moción para que se sacase a concurso un pliego cumpliendo con la norma», explicó la conservadora María Navarro. «Ahora quieren trocearlo a través de contratos menores. No vamos a ser cómplices de sus contratos a dedo», señaló. El concejal de Economía, Fernando Rivarés, no tuvo reparos a la hora de hablar sobre esta sentencia. Primero la calificó de «curiosa», después cuestionó que las leyes «favorezcan a las empresas de economía social», prosiguió lamentando el sinsentido, a su juicio, de la norma, para acabar diciendo que era «contradictoria y tonta».

Carmelo Asensio, CHA, respondió que «lo curioso no es la sentencia es la forma en la que quisieron hacer las cosas». Puso en duda que pueda ejecutarse el millón y medio teniendo en cuenta la sobrecarga de trabajo de los técnicos de Urbanismo. También Sara Fernández, C’s, manifestó sus dudas.