Con dos meses de retraso las Cortes de Aragón aprobaron ayer los presupuestos de la comunidad para este 2018. El debate fue tedioso por momentos. Y con poco margen para la improvisación, pues el sentido del voto de todos los grupos estaba fijando por anticipado. La oposición propiamente dicha -PP, Ciudadanos y PAR- se mostró en contra de un proyecto que ven «alejado de los problemas reales de los aragoneses». Y los cuatro partidos que sostienen al Ejecutivo -PSOE, Podemos, CHE e IU- defendieron el carácter social de su propuesta.

Durante las más de ocho horas que duró la sesión hubo tiempo para abordar casi todas las vertientes políticas del curso. El debate tuvo en muchos puntos aspecto de capitulación. No está claro si la DGA intentará aprobar las cuentas del año 2019 o prorrogará las actuales de forma indefinida. En los escaños del centroderecha se deba por amortizada la legislatura hasta el punto de que el diputado Javier Martínez (Cs) señaló que estaban ante «el epitafio de una legislatura perdida» en la que no se han acometido «los problemas que tiene Aragón». Fue el diputado de CHA, Gregorio Briz, el que recogió el guante. «Bueno, ya veremos», aventuró.

Los presupuestos de Aragón para el 2018 ascienden a 6.162 millones, de los que 5.303,6 corresponden al gasto no financiero, un 4,9% más que en el ejercicio pasado. El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, consideró que supone «más educación, más sanidad, más servicios sociales, más innovación, más oportunidades, más crecimiento y más empleo».

Carga fiscal / Menos complacientes fueron las posiciones en la bancada derecha. El diputado Antonio Suárez insistió en los reproches que han repetido durante toda la tramitación. «Estos presupuestos no son aceptables porque solo piensan en la izquierda radical y no en todos los aragoneses», expresó. La lista de deficiencias es larga: por un lado recordó la excesiva carga fiscal que tienen que afrontar las clases medias y acusó al consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, de no afrontar «el problema de la despoblación», además de considerar que se repiten «los errores del año pasado».

Juego de sillones / También señaló que se ha producido «un juego de sillones con el objetivo de mantener al alcalde Santiesteve en su sillón de la alcaldía de Zaragoza, pese a todas las tropelías que viene acumulando en la casa consistorial».

La portavoz del PAR, Elena Allué, avanzó que tras la entente de las últimas semanas «comenzará el pim, pam pum» entre los grupos que sostienen al Ejecutivo y lamentó que en los últimos tres años solo se hubiera desarrollado «la política impositiva».

Martínez (Cs) acusó de nuevo a la DGA de actuar por inercia. «Han optado por la comodidad de aprovecharse del esfuerzo de los aragoneses sin sentarse a pensar cómo se estaba gastando el dinero de más del que han disfrutado», indicó.

La izquierda trató de frenar las acusaciones indicando que están trazadas con «una plantilla». El diputado Héctor Vicente (Podemos) consideró que gracias a su formación, tanto en la negociación previa como en la fase de enmiendas, se han podido mejorar partidas dedicadas a servicios públicos, medio ambiente, ganadería extensiva o protección de la mujer. Y Patricia Luquin (IU) consideró «lógico» que durante el proceso de enmiendas la derecha se haya sentido excluida al considerar que proponen un modelo «radicalmente opuesto» al actual, que en su opinión, «aún debería girar más a la izquierda».