Las propuestas efectuadas por la DGA al Ministerio de Justicia para proveer la plaza de secretario de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) han provocado una polémica entre quienes defienden el sistema de selección empleado y los que consideran que se ha podido interferir en la independencia judicial. La DGA alega que se trata de un cargo de libre elección por parte del Ministerio de Justicia, pero la oposición duda de que se hayan seguido criterios de capacidad profesional.
Javier Sada, portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, manifestó ayer que considera que el procedimiento empleado para la propuesta de María Pía Lardiés, esposa del senador popular Ricardo Canals, "resulta sospechoso" y puede ser un caso más de "politización de la Justicia".
"Vamos a solicitar toda la documentación, así como los currículos aportados, para ver si se han seguido criterios estrictamente profesionales o, por el contrario, ha predominado los políticos", adelantó Sada. "Libre designación no significa poner en un puesto a la persona que queremos, sino a la que tiene la cualificación requerida", insistió el portavoz socialista.
"Estéticamente no queda bien, aunque la propuesta se ciña a la legalidad", afirmó, por su parte, Patricia Luquin, portavoz de Izquierda Unida (IU), que se mostró partidaria de "separar claramente el ámbito político del judicial". "Hay que ser muy escrupuloso y no inclinarse por una persona por el mero hecho de que está vinculada al PP", continuó Luquin, a quien le consta que "puede haber profesionales con más capacidad" para el cargo de secretario de gobierno que han podido quedar marginados. "No dudo de los méritos de la persona propuesta, pero lo que se ha hecho no queda bien y, desde luego, Izquierda Unida no lo hubiera hecho", añadió.
Sin embargo, fuentes del Departamento de Justicia de la DGA manifestaron que es "falso" que el Gobierno de Aragón proponga a un solo candidato para ese puesto. "Propone a dos personas, sin priorizar, y explicando el motivo objetivo que le lleva a ello", precisaron, y añadieron que "son los dos únicos solicitantes que cuentan con plaza en propiedad en el TSJA".
Además, subrayaron que se trata de un puesto de confianza del Ministerio de Justicia, es decir, del poder Ejecutivo, y que no forma parte ni participa en las decisiones judiciales. Asimismo recordaron que hace cinco años también se realizó esa propuesta, pero se propuso un solo nombre y no se dio ningún argumento que justificara la elección, en la que la propuesta de la comunidad no es vinculante.
