PSOE, Ciudadanos y CHA han apoyado hoy en el pleno de Zaragoza la propuesta del PP de pedir a los gobiernos de España y de Aragón que "en el menor plazo posible" lleguen a un acuerdo sobre la interpretación de la Ley de Capitalidad.

En su intervención, Azcón ha considerado que esta medida será "la más efectiva" para lo que ha denominado como "golpe a las sociedades" y ha confiado en que el Ejecutivo español y aragonés lleguen a un acuerdo sobre la constitucionalidad "al menos" del artículo 14 de la Ley de Capitalidad, aplicado para la reestructuración de las sociedades municipales.

"Creo que Zaragoza en Común no va a rectificar y que todas las medidas que vamos a tomar no les hará cambiar de opinión. Ustedes solo entienden una cosa, que les obliguen, y eso es lo que va a pasar", ha concretado Azcón.

Y ha preguntado al alcalde que qué hará si se interpreta la aplicación de ZeC de la ley como "inconstitucional". En este sentido, Azcón le ha planteado "si seguirá actuando como un 'hooligan' o será prudente", a la par que ha vaticinado que tras la decisión de las sociedades al Gobierno de Zaragoza le espera un "vía crucis".

La vicealcaldesa zaragozana, Luisa Broto (ZeC) ha recordado que la Ley de Capitalidad "sale de las Cortes y es una demanda de los representares legítimos", y que "ha sido aprobada por los compañeros de izquierdas".

"Parece que, según quien gana el partido nos valen las reglas, pero hay que tener en cuenta que la norma es norma", ha señalado Broto, quien ha insistido en que "es perfectamente constitucional y está avalada por el Ejecutivo aragonés".

Desde el Partido Socialista, su portavoz Carlos Pérez Anadón ha defendido "para que no haya dudas" que la Ley de Capitalidad es constitucional "tal y como salió".

Pero para Pérez Anadón, lo que la ley no ampara políticamente es "la interpretación torticera y abusiva" y que convierte, en sus palabras, a ZeC en "la mayor amenaza que tiene en estos momentos la Ley de Capitalidad".

Misma postura desde CHA que, como el PSOE, apoyó en las Cortes de Aragón esta ley, hacia la que el portavoz aragonesista, Carmelo Asensio, ha mostrado la "confianza" de que es "estrictamente constitucional".

"Pero se trata de ver cómo se ha aplicado una ley que no era obligatoria en beneficio de unos pocos y en detrimento de la mayoría", ha diferenciado Asensio.

Para la portavoz de Ciudadanos, Sara Fernández, "está en manos de estos dos Gobiernos el si se llega a un acuerdo o no" ante una interpretación con "dudas razonables de inconstitucionalidad".

La oposición ha apoyado igualmente la segunda parte del texto de la moción de los populares para reformar el reglamento municipal "para evitar actuaciones como la de ZeC", recoge el documento, y "garantizar que los concejales de los grupos voten decisiones que se discuten en los consejos de las sociedades"