La oposición en el Ayuntamiento de Zaragoza vuelve a unirse, y empieza a ser una costumbre. PSOE, PP, C’s y CHA firmaron ayer un documento conjunto para que, en el plazo máximo de dos días, se convoque un junta de portavoces para ser informados sobre la situación judicial y administrativa en la que se encuentra el consistorio después de que el concejal Alberto Cubero fuera citado a declarar por un «delito grave de lesiones por imprudencia» como consecuencia de la caída de una viga a una mujer en la Oktoberfest.

La decisión se tomó después de que el alcalde, Pedro Santisteve, rechazara la petición del PSOE de convocar una junta extraordinaria para conocer en qué situación se encuentra el consistorio en este caso. Según explica Santisteve en su respuesta al portavoz socialista, Carlos Pérez Anadón, «no es posible acceder» a la convocatoria de esta junta porque el Reglamento Orgánico Municipal establece que debe hacerse exclusivamente «para tratar asuntos atribuidos por la ley o por este reglamento» el cual, añade, «no es el caso».

En su escrito, recuerda que el concejal todavía no se ha personado en el juzgado por lo que «más allá del expediente administrativo (...) no podemos ampliar la información».

Santisteve asegura que «no existe inconveniente alguno» en facilitar «de manera personal» toda la información relevante siempre que se respete «su carácter confidencial» para no afectar al proceso judicial abierto. Estos argumentaros no convencieron al portavoz del PSOE, como así le hizo saber en otra carta en la que le indicaba que discrepaba «profundamente». Así que desde el PSOE buscaron el apoyo del resto de formaciones para forzar la convocatoria de esta junta donde el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) tendrá que rendir cuentas sí o sí. Y lo tendrá que hacer este jueves, tal y como exigen en su escrito. En cualquier caso, el PP ha registrado una pregunta al respecto para el pleno del viernes. No es la primera vez que la oposición tiene que acudir a este mecanismo para que el Gobierno de la ciudad acceda a dar explicaciones sobre un tema que afecta a los intereses de la casa consistorial. Ya se hizo, por ejemplo, para pedir un pleno extraordinario sobre la huelga del bus.

EL PROCESO / Desde el área de Servicios Públicos explicaron que el equipo de Gobierno «no tiene ningún problema de informar siempre que se haga a puerta cerrada» para evitar la mediatización de un asunto de gravedad. Aseguran que los grupos han podido tener acceso a los expedientes hasta la fecha y que, después de producirse el suceso, el pasado 8 de octubre, Cubero ya compareció para dar explicaciones sobre el incidente y sobre el proceso de autorización de apertura de la carpa de la cerveza. Insisten en que hay un informe de un ingeniero que avaló la estructura por lo que, el concejal tenía la obligación de firmar el decreto ya que se trataba de un acto reglado.

Cubero ha sido citado a declarar el lunes por el Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza junto a Enrique Asensio, jefe de la Oficina Económico-Jurídica Servicios Públicos.