El titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Teruel ha dictado una orden de alejamiento contra un hombre como presunto responsable de maltratar psicológicamente a su esposa en la que también acuerda despojarle de la custodia de sus hijos menores.

El presunto maltrato fue denunciado el martes pasado por el hermano y la cuñada de la víctima a través de una llamada telefónica a los servicios de emergencia, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

Al parecer, según consta en la denuncia, el marido quitó el teléfono móvil a su mujer y se marchó del domicilio después de arrebatarle las llaves de la vivienda y de los vehículos familiares, "en una clara actitud de hostigamiento hacia ella", hicieron constar sus familiares.

En su auto, el juez prohíbe al denunciado acercarse a menos de 100 metros de su esposa, le retira la guarda y custodia de sus hijos, le impone una pensión mensual de 500 euros, le priva de su licencia de uso de armas y deja en manos de la mujer el uso de la vivienda familiar.

El instructor, no obstante, establece un régimen de visitas y de comunicaciones para que el denunciado pueda mantener contacto con sus hijos.

Entiende el juez que los hechos "exceden de ser una mera discusión matrimonial, incluyendo el empleo de cierta violencia psíquica presumiblemente acaecida durante el matrimonio, lo que coloca a la perjudicada en una situación de desamparo".

Considera, además, "indiciariamente acreditado" que el hombre podría haber mantenido una actitud "déspota" contra su esposa y dirigirle comentarios vejatorios e injuriosos "por su condición de mujer y a consecuencia de la deteriorada relación matrimonial prolongada en el tiempo".

A este respecto, estima que la denuncia se deriva del carácter "excesivamente controlador del denunciado, máxime cuando los hechos al parecer no acaecen de forma puntual y excepcional sino con prolongación en el tiempo".

Por esta razón, el juez considera la medida acordada "estrictamente necesaria" para la protección de la mujer de su marido, al que considera presunto responsable de un delito de menoscabo psíquico y otro de injurias, en el ámbito de la jurisdicción penal contra la violencia de género.