La Asociación Aragonesa de Psicopedagogía y el Colegio Profesional de Psicología de Aragón denunciaron ayer en las Cortes que la ratio de orientadores en Zaragoza asciende a casi 700 alumnos por profesional llegando a más de mil en algunos centros. La cantidad se sitúa muy lejos de los 250 recomendados por la UNESCO. Además, María Jesús Cardoso, vinculando su participación a la vertiente de Psicología, criticó «la pérdida de importancia de la materia en los currículums» y que «la asignatura se está impartiendo desde Filosofía», cuestión que calificó como «más grave». «Es un claro intrusismo», especificó.

Los colectivos reclamaron en el Parlamento aragonés «suficientes recursos humanos para una orientación educativa de calidad». Así, Lucía Tomás, encargada de exponer las conclusiones y las peticiones, pidió también «convocar oposiciones para la modalidad de orientación en el 2018» y «tener muy presente la población de cero a tres años para la detección e intervención precoz».

Juan Antonio Planas, también presidente de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, aseguró que «la configuración actual es de hace 25 años» y «problemas que se desconocían tienen cada vez más prevalencia».

Por parte de los grupos parlamentarios, Fernando Galve (PP) calificó las demandas de estos colectivos como «justas». Enrique Pueyo (PSOE) explicó el futuro decreto de inclusión que regulará la implantación de esta materia.

Erika Sanz (Podemos) dijo que «no es casual que ustedes hablen de precariedad, puesto que la Administración no les ha tenido en cuenta», mientras tanto, María Herrero (PAR) expuso su compromiso de trasladar al Gobierno la necesidad de apostar de una forma «clara y directa» por la especialidad.

Por su parte, Susana Gaspar (Ciudadanos) mostró su sorpresa por el panorama expuesto y Gregorio Briz (Grupo Mixto) también dio su apoyo al colectivo.