La exhumación de los hermanos Manuel y Ramiro Lapeña en el Valle de los Caídos no sería la primera intervención en la etapa democrática en los osarios de la basílica. El abogado que representa a los familiares de estos bilbilitanos que fueron enterrados sin permiso en el templo tras ser fusilados durante la guerra civil, Eduardo Ranz, recordó al menos tres precedentes durante su intervención de ayer en el Senado a petición del PSOE. «En aquellos momentos no hubo ningún problema de ciudadanía», expresó.
La primera entrada en la capilla que alberga los restos de los republicanos fusilados fue en 1980 cuando tras la solicitud de una localidad navarra se procedió a la recuperación de 133 represaliados, las únicas víctimas que han salido del Valle de los Caídos desde su inauguración.
Posteriormente, en 1990, se efectuó un traslado interno de cadáveres debido a unas filtraciones de agua y en el 2010 los técnicos accedieron a realizar el informe de Patrimonio Nacional que evaluó la situación del recinto. «Se aplicó el sentido común, aunque sin la autorización de las familias», recordó el abogado.
Estos precedentes, en su opinión, evidencian hasta qué punto los argumentos de la comunidad benedictina, encabezada por el prior Santiago Cantera, para frenar las exhumaciones no son válidos. «Tenemos una sentencia que autoriza y ordena el acceso al interior», expresó.
De forma gráfica mostró la imagen del acceso a la capilla del Santo Sepulcro, en la que se debería de intervenir. «Por esta puerta es por la que el prior, con su actitud, se niega a que entren los científicos a realizar su trabajo», evidenció. Y recordó que los familiares de los hermanos Lapeña «no piden un imposible, sino empatía y un cierre de heridas».
CONFERENCIA EPISCOPAL
El letrado compareció ante la comisión de Justicia en solitario tras la negativa de Cantera a cumplir con la solicitud que le habían trasladado los senadores para que explicara su postura. La situación impulsó al PSOE a pedir que se convoque al presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, quien ,en palabras del portavoz socialista Ander Gil, «ha dado muestras de un talante dialogante y democrático». Ranz defendió esta postura al considerar que el prior está bloqueando el resto de opiniones ante la sentencia. Todos los grupos, excepto PSOE y ERC en protesta por la actitud de sus gestores, aceptaron el ofrecimiento de visitar el enclave de Cuelgamuros dentro de dos semanas para intentar «desbloquear» la situación.
