.- El consejero municipal de Urbanismo y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Pablo Muñoz, ha retirado hoy, no sin fuertes críticas de los grupos, la suspensión de la licencia de obras en los antiguos juzgados tras retomar las conversaciones con el Gobierno de Aragón, que espera cristalicen en un acuerdo "de manera inmediata".
En rueda de prensa después de la Comisión de Urbanismo, el consejero ha considerado que el anuncio de suspensión de la licencia de obras en estos edificios provocó una reacción en el Gobierno autonómico y la cuestión "se está volviendo a encauzar".
Este asunto, por tanto, se llevará a la próxima reunión bilateral entre ambas instituciones, por lo que cree que la voluntad es llegar a un acuerdo.
Un acuerdo que llegaría por la vía de un convenio en el que no se pondría ningún inconveniente a la obra que el Ejecutivo autonómico quiere hacer en los antiguos juzgados de la Plaza del Pilar y a que el Consistorio se atribuyera el uso del 55 por ciento del edificio viejo, ha explicado.
Ahora, quedan por ver las puntualizaciones que haga el Gobierno de Aragón, pero en principio el Ayuntamiento abandonará la discusión por la titularidad del suelo a cambio de que les cedan dicho uso y la gestión conjunta seguirá en vigor, quedando por determinar cómo se hacen las reformas y quién las paga.
Previamente, en la Gerencia de Urbanismo este asunto ha provocado el enfrentamiento de Muñoz con todos los grupos municipales, que le han reprochado que hubiera llevado el expediente al orden del día.
El concejal del PP Pedro Navarro ha dicho que el hecho de que se mantenga ahora que el acuerdo entre ambas administraciones se va a producir con facilidad es "un insulto a la inteligencia" y le ha pedido que les convoque para explicar qué está negociando con el Gobierno de Aragón.
La socialista Lola Ranera ha asegurado que esta misma mañana se habían reunido el consejero municipal de Economía, Fernando Rivarés, y el consejero autonómico de Presidencia, Vicente Guillén, y que el acuerdo está en el mismo punto que hace una semana, por lo que ha acusado a Muñoz de "chantaje" con la suspensión de la licencia de obras y de "mentir" a los grupos.
"Miente, es que no ha habido ningún acuerdo", ha reiterado, y ha aseverado que el expediente ha sido retirado porque así lo iban a pedir todos los grupos.
Desde Ciudadanos, Alberto Casañal ha mostrado su preocupación por las "palabras huecas" y "falsedades" de un consejero que "se quiere reír de los zaragozanos" y ha rechazado que quieran poner palos en la rueda de este proyecto, sino que quieren acabar con el "ocultismo" en esta negociación.
Leticia Crespo, de CHA, ha acusado de "chulería" a Muñoz, a quien le ha recordado que tiene propuestas de su grupo para los antiguos juzgados, y le ha instado a seguir negociando, pero ha pedido que explique dichas negociaciones.
Muñoz ha replicado preguntando si van a apoyar al Gobierno de la ciudad en su reivindicación y ha acusado a la oposición de evitar posicionarse en un asunto en el que saben que el Ayuntamiento "tiene la razón".
Del mismo modo, les ha acusado de no hacer más que poner "piedricas en el camino" en lo relativo a la recuperación de los antiguos juzgados.
"No nos vamos a amedrentar porque planteen un frente a cuatro. Si quieren, nos cambian, y si no, déjennos gobernar", ha protestado.
En ese momento se ha tensado el debate al enzarzarse en una discusión el responsable municipal de Vivienda y Deporte, Pablo Híjar, con el edil socialista Roberto Fernández, a quien ha acusado de "amenazas" y de llamarle "mierda".
En otro orden de cosas, Pablo Muñoz ha explicado que se ha dado el visto bueno por unanimidad a que el Ayuntamiento adquiera suelo para construir 17 viviendas públicas en el Balcón de San Lázaro, lo que será la primera adquisición de suelo en muchos años dentro de la ciudad consolidada.
Por último, ha dado cuenta de la sentencia condenatoria con respecto a la ordenanza de zonas saturadas, que obliga al Consistorio a permitir ampliar el horario a los establecimientos de estas áreas, que ahora lo tenían restringido.
No obstante, pese a calificar de "jarro de agua fría" esta sentencia, ha asegurado que no tendrá ningún efecto, ya que ahora la Ley de Capitalidad permite al Ayuntamiento limitar y restringir estos horarios de apertura con independencia de la normativa autonómica.
