El principio jurídico de que lo que no está en los autos, no está en el mundo, que salió ayer a relucir en la primera jornada del juicio por la operación Molinos --celebrado en la Ciudad de la Justicia de Zaragoza--, fue contradicho por la evidencia. Los acuerdos de los acusados y acusaciones que se han alcanzado o preparado en las últimas semanas, "clandestinos" o lógicos y transparentes, según se quiera ver, protagonizaron varias intervenciones. En una sesión teóricamente destinada solo a cuestiones previas (como la petición de retirada de cargos, nulidad de actuaciones, etc.) y aportación de nuevas pruebas.

En cuanto a estas, se ventilaron en una sesión, cuando toda esta semana estaba reservada para ello. No era extraño en un caso que ha sido cuestionado de raíz (desde la competencia del juzgado de La Almunia para investigarlo, pasando por la recusación de jueces de apelación, hasta la designación de un secretario) y con un reguero de pruebas denegadas.

DEFENSAS

El hecho de que gran parte de las defensas no solicitaran prueba puede ser un indicio de que la mayoría de la cuarentena de acusados están más por la labor del acuerdo que de la batalla judicial. Pero de momento, los únicos pactos que salieron a relucir oficialmente fueron los que anteayer ratificó el pleno del Ayuntamiento de La Muela: los de los empresarios de Brocover, José Fernández Martínez y sus hijos, José Carlos y Domingo Fernández Delgado, y el del exconcejal Rodrigo Vela.

Los letrados del consistorio aportaron los justificantes del pago de la responsabilidad civil pactada. Tanto es así que Fernández (padre), al rebajarse la acusación a menos de dos años, podrá ausentarse, y si es necesario que declare como testigo de cargo --un requisito de los tratos alcanzados-- podrá hacerlo por videoconferencia desde Madrid.

En cuanto a Rodrigo Vela, cuya pena se ha visto reducida de 17 a 6 años, en principio, ayer se conoció por boca de su abogado que el empresario Luis Montori también ha contribuido a partes iguales a la Responsabilidad Civil (el dinero). Esto no quiere decir que haya alcanzado un acuerdo, pero como mínimo le supondrá una atenuante por reparación del daño.

En la misma situación está al menos el exmarido de la alcaldesa Mariví Pinilla, Juan Antonio Embarba, que según anunció su abogada, Cristina Ruiz-Galbe, también ha abonado 150.000 euros. La familia, con la excepción de la propia alcaldesa y su hermana, alcanzó un pacto con la Agencia Tributaria, cuyo sobrante, si lo hay, iría a parar al ayuntamiento. Pero este pacto no fue aprobado por el propio consistorio.

Por los documentos y anuncios de ayer también se conoció que los empresarios de la inmobiliaria El Raso, Antonio Gimeno Melús y Laureano Pablo, defendidos por Esther Armas, también han satisfecho la responsabilidad civil por su delito fiscal.

Los pactos que ha alcanzado la Fiscalía con María Victoria Pinilla y Carmelo Aured siguen sin llegar a todas las acusaciones, al parecer porque su reconocimiento de culpa no implica pagar lo que se les pide. El abogado de Pinilla, José Antonio Visús, se negó ayer a "desvelar la estrategia de defensa", pero sí dijo que había actuado con "lealtad procesal" al comunicársela a sus colegas. Y como publicó este diario, les anunció que iba a pactar.

El letrado del exconcejal Fernando Barba, Santiago Palazón, aludió a pactos "clandestinos", que por protocolo entre la Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la Abogacía Española deberían haberse abierto a todos. Esto fue apoyado por otros letrados como Enrique Esteban Pendás, aunque otros, con más o menos vehemencia, lo negaron. Enrique Trebolle, por ejemplo, le instó a leer bien el documento, que no dice eso. No se situó entre los negociadores, (de hecho aportó numerosa documentación e informes), pero sí aportó 200.000 euros a nombre de los hijos de su principal defendido, Julián de Miguel, de Aranade.

Fiscalía, por su parte, quiso aclara que "no negocia" con nadie, pero está abierta a que los acusados "reflexionen", y ante las "pruebas contundentes" con las que cuenta opten por confesar y cooperar, lo que se recompensa con las atenuantes que prevé la ley. Tiene las "puertas abiertas", anunció, que seguramente estén concurridas de aquí al 12 de enero, cuando se reanuda el juicio.

El más beneficiado de entre todos los que pidieron que sus delitos se archivaran por prescritos fue el contable de Aured, Antonio Puyadas. La Fiscalía y la la Agencia Tributaria reconocieron que, con lo tarde que se le imputó (no así al propio Aured), cinco de los siete delitos fiscales a los que se enfrenta habrían prescrito, como pide su letrado, Luis García Medrano.