El comunicado del Gobierno de Aragón, enviado a última hora de la tarde de ayer, provocó varias interpretaciones entre los colectivos afectados. FSIE lo calificó como "ambiguo" y la patronal CECE advirtió de que no está dispuesta a asumir esta paga, pero la más contundente fue Blanca Blasco, del PAR, quien pidió a la DGA que pague cuanto antes a los profesores de la concertada esta gratificación por antigüedad.

"La paga de los 25 años es la misma que la de jubilación, por lo que la Administración debe seguir pagándola, igual que hacía antes. Es una reivindicación justa de la escuela concertada", aseguró a este diario la portavoz del PAR en las Cortes de Aragón.

"Respeto el recurso planteado por la DGA, pero ahora la sentencia es clara y toca pagar. Lo mejor es que el Gobierno se siente a negociar con las patronales y con los sindicatos un calendario para abonar esta paga y no tener que hacerlo este mismo año", señaló la diputada del PAR, socio del PSOE en el Ejecutivo.

Desde FSIE, Jesús Pueyo destacó que la DGA no puede ampararse en la falta de disponibilidad presupuestaria. "El juez dice que hay un límite, pero este límite es el fijado por la propia comunidad autónoma. Si no hay dinero, es que no se presupuestan todas las necesidades de la escuela concertada", indicó el responsable del sindicato.

"La Justicia le ha dicho al Gobierno que tiene que pagar esta extra. Si no lo hace, o lo demora, estaremos atentos para evitarlo y que todos los profesores cobren lo antes posible", concluyó Pueyo, quien cree que a cuatro meses de las elecciones y con los presupuestos prorrogados el Ejecutivo no va a hacer frente a esta paga.

José María Marín, responsable de una de las dos patronales más implantadas en Aragón, CECE, cree que los fallos del TSJA y del Supremo son "justos" y dejan "bien claro" que es la DGA la que debe asumir las gratificaciones. "Nosotros no podemos tener ingresos por las enseñanzas concertadas, por lo que no podemos pagar esta extra", explicó a este diario.

USO y CCOO se mostraron satisfechos por la decisión judicial, mientras que para UGT la situación "no está resuelta" y las patronales deben "asumir su responsabilidad".