El PAR ha instado al Gobierno de Aragón a que rectifique y busque una solución al problema generado en el medio rural con algunos funcionarios en cuanto a la asistencia sanitaria, surgido al no haberse prorrogado el convenio con las mutualidades para este fin y que hace que el pago de los servicios sanitarios tenga que ser adelantado por los pacientes.
El Salud y las mutuas (Muface, Mugeju e Isfas) firmaron un convenio en 2002 para la prestación de la Atención Primaria a funcionarios de la Administración General del Estado y autonómicos que así lo elijan en municipios de menos de 20.000 habitantes.
El convenio se fue prorrogando año tras año hasta que en 2015 cambiaron las condiciones del mismo con una merma económica para el sistema público, lo que llevó al Gobierno de Aragón a denunciar el convenio, aunque mostrando la voluntad de negociar uno nuevo.
Esto supone, según ha dicho la diputada del PAR Berta Zapater en rueda de prensa, que los funcionarios de Justicia, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Hacienda o Instituciones Penitenciarias que trabajan en el medio rural (unos 16.800) deben adelantar el pago de los servicios que reciben en las Urgencias de Atención Primaria.
Y muchos de los funcionarios de la comunidad autónoma, que pueden elegir entre adscribirse al sistema de las mutuas o a la sanidad pública.
Zapater ha lamentado que por una cuestión "meramente económica" no se dé un buen servicio a estas personas y se les cobre por prestarles uno que el propio gobierno define como "público y gratuito".
El usuario, ha agregado, no debería tener que pagar por las "discrepancias" y ha instado a que se solucione el asunto, aunque ha anunciado la presentación de una proposición no de ley sobre el tema para ser debatido en el próximo periodo de sesiones.
