La diputada del PAR Elena Allué ha presentado una batería de medidas para que el Gobierno de Aragón mejore la calidad de vida de las personas con discapacidad, con especial énfasis en los que sufren discapacidad intelectual o daño cerebral.

En rueda de prensa, Allué ha apuntado que hay "deficiencias" en diversas cuestiones y ha enmarcado sus propuestas en la consecución de la igualdad de oportunidades y en que estas personas alcancen un "proyecto de vida", mejoren su capacidad para desenvolverse, su integración y su calidad de vida.

Así, los aragonesistas han presentado una proposición no de ley dirigida al Gobierno autonómico con seis puntos, en los que instan a actualizar los precios de referencia de los servicios públicos prestados por las entidades sin ánimo de lucro del sector de la discapacidad, que están "congelados" desde 2012.

Del mismo modo, ha reclamado un presupuesto suficiente para el mantenimiento de los centros especiales de empleo, ya que con las partidas actuales solo pueden funcionar hasta octubre.

También inciden en dotar a todas las entidades sin ánimo de lucro del sector de las mismas posibilidades de acceso para las subvenciones nominativas, que en esta ocasión han dejado fuera a todas las entidades que trabajan con personas con daño cerebral y a un 80 por ciento de las que lo hacen con la discapacidad intelectual.

Allué ha considerado también "fundamental" que se extiendan las becas de comedor y transporte a los 300 niños que asisten a centros concertados, así como que se dote al IASS de los recursos necesarios para agilizar los trámites de valoración y reconocimiento de la dependencia de estas personas, ya que el retraso actual es de entre nueve meses y un año, a los que se les suma otra nueva lista de espera para que se les asigne un recurso y entren en él.

Ha señalado que alrededor de 100 niños tienen una dependencia valorada, aprobada y con recurso de entrada en un centro, pero no pueden hacerlo por falta de plazas.